La Marea de Pensionistas de Cádiz ha manifestado su firme apoyo a los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales de la Diputación de Cádiz, quienes, junto a sus representantes sindicales, han rechazado el proyecto de creación de un organismo autónomo para gestionar estos servicios. La iniciativa, promovida por el equipo de gobierno de la Diputación, se justifica bajo el argumento de un supuesto ahorro de gastos, a pesar de que los centros residenciales gestionados actualmente no están ocupados a plena capacidad.
Desde la Marea de Pensionistas se ha subrayado que "es preciso que [los trabajadores] conozcan la documentación sobre el nuevo proyecto y qué gastos y ahorro van a suponer", ya que este cambio afectará directamente a más de 450 empleados, incluidas 120 personas en situaciones laborales temporales. Además, se ha criticado que "no es de recibo que se rechacen las alternativas de la parte sindical sin un debido análisis de las mismas para solucionar el problema y respetar los derechos laborales y los de las personas residentes".
La creación del organismo autónomo implicaría la conformación de una estructura administrativa independiente, con órganos como junta rectora, equipo directivo, tesorería y recursos humanos, debido a su naturaleza jurídica propia. Esto, según la Marea, resulta contradictorio con la idea de ahorro, ya que añade complejidad y costes administrativos.
Asimismo, se ha señalado que este nuevo modelo podría generar desigualdades laborales, al dividir al personal en dos grupos: uno conformado por trabajadores actuales que mantendrían condiciones similares a las de la Diputación, y otro integrado por nuevos empleados sujetos a convenios menos favorables, como los que prevalecen en muchas residencias privadas. "Durante la pandemia, quedó demostrado que las malas decisiones y falta de medios en este tipo de residencias privadas, por ahorrar gastos, costaron la vida a muchas personas que pudieron ser salvadas", ha recordado la plataforma.
Otro punto crítico es el impacto sobre los residentes de las dos residencias afectadas, ubicadas en Cádiz y El Puerto de Santa María. La Marea advierte que la reubicación de los funcionarios y personal fijo podría desestabilizar la atención, lo que afectaría directamente a los mayores que residen en estos centros. "La calidad de los servicios y la entrega de los profesionales actuales han sido contrastadas por familiares y sociedad en general, que alaban el buen funcionamiento de los centros", han destacado.
Finalmente, la plataforma ha expresado su preocupación por la posibilidad de que las decisiones en torno a este proyecto estén más motivadas por intereses políticos que por las necesidades reales de los mayores y del personal afectado. Por ello, han pedido "que se retire el proyecto de organismo autónomo y se siga manteniendo el actual régimen de gestión pública y de asistencia directa en las residencias de Cádiz y del Puerto de Santa María por la propia Diputación Provincial de Cádiz".
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