La Diputación Provincial de Cádiz ha sido condenada a indemnizar a una trabajadora tras un largo proceso judicial relacionado con la corrección de un examen para la creación de una bolsa de trabajo en la categoría de auxiliar de geriatría. El caso se originó hace aproximadamente diez años, cuando el tribunal encargado del examen estableció una nota de corte en la segunda prueba sin que esta estuviera prevista en las bases generales ni específicas del proceso selectivo.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se impugnó esta decisión a través de diversos recursos administrativos y posteriormente en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que falló a favor de los demandantes al considerar que la nota de corte "fue inventada sin estar prevista en las bases generales ni específicas" y que, además, "carecía de publicidad", lo que vulneraba los principios de transparencia del procedimiento.
La Diputación recurrió esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ratificó la sentencia inicial. Como consecuencia, la Administración provincial se vio obligada a modificar el orden de la bolsa de trabajo, lo que derivó en la incorporación de aspirantes que habían sido inicialmente excluidos y que, tras la rectificación, quedaron por delante de otros que ya habían sido contratados.
Ante esta situación, CSIF impulsó una campaña para que los afectados presentaran reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la Diputación. "Nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración de la sección sindical de CSIF en la Diputación y el letrado de la Asesoría Jurídica del sindicato", señalaron desde la organización sindical.
Las reclamaciones que superaban los 15.000 euros requerían un dictamen preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo Consultivo de Andalucía. En su resolución número 0817/2021, de fecha 2 de noviembre de 2021, este órgano estableció tres aspectos fundamentales. En primer lugar, determinó que el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial no comenzaba con la sentencia del TSJA, sino desde que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el nuevo orden de la bolsa de trabajo, "momento en que las solicitantes supieron que habían entrado en bolsa y en qué número de orden". De este modo, el Consejo Consultivo desmontó "el falaz intento de prescripción por parte de la Diputación a fuerza de dilatar los plazos".
En segundo lugar, el órgano consultivo determinó que el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial solo correspondía a las cuatro personas que acudieron en primera instancia al contencioso-administrativo denunciando el error en la corrección del examen. "Las demás habían decaído en su derecho", resolvió el dictamen.
El tercer punto supuso una novedad jurídica en este tipo de casos. Según el dictamen del Consejo Consultivo, en procesos de selección de bolsas de trabajo se consideraba que los aspirantes solo tenían una expectativa de derecho, sin posibilidad de indemnización. Sin embargo, en este caso se determinó que "tenían derecho a los contratos adjudicados a otras personas", ya que se argumentó de manera exhaustiva "la relación de causalidad, la no obligación de sufrir el daño causado, el error de la Administración, la comparación con los contratos otorgados a otros, la valoración aproximada del daño económico sufrido y la tasa de paro femenino en Cádiz en esas fechas".
A pesar de este informe, la Diputación de Cádiz se negó a abonar las indemnizaciones, lo que obligó a acudir nuevamente a los tribunales. En el primer caso resuelto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo falló a favor de la trabajadora afectada, pero la Diputación interpuso un recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo. Finalmente, el alto tribunal inadmitió el recurso y confirmó la sentencia de primera instancia, obligando a la Diputación a indemnizar a la demandante.
Con esta resolución, la trabajadora afectada ha recibido la indemnización fijada por los tribunales, lo que desde CSIF consideran "un precedente que puede servir en otros casos similares de toda España y también para los tres asuntos aún sin resolver en Cádiz".
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