El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha firmado un nuevo contrato con la empresa FCC para la recogida de residuos y limpieza viaria, valorado en 155.111.176,91 euros y con una duración de 10 años. Según Ecologistas en Acción, este acuerdo "no cumple con la normativa vigente", específicamente con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
El anterior contrato entre el Ayuntamiento y FCC caducó en 2020, pero se mantuvo en vigor de forma prorrogada hasta la firma del nuevo acuerdo. Durante ese periodo, la empresa continuó operando "sin tener en cuenta las obligaciones de la nueva normativa". En diciembre de 2023, el Pleno del Ayuntamiento aprobó un nuevo pliego de condiciones para adjudicar el contrato, que fue anulado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARC) tras un recurso de la empresa GMSM Medioambiente S.A. Posteriormente, se elaboró un nuevo pliego, adjudicándose de nuevo a FCC en octubre de 2024, pese a una reclamación desestimada de SACYR.
Ecologistas en Acción afirmó que durante la redacción del nuevo pliego de condiciones técnicas advirtieron al alcalde de la necesidad de modificar el modelo de gestión de los residuos municipales para adaptarlo a la Ley 7/2022. "Lamentablemente, nuestras propuestas no se tuvieron en cuenta", señalaron. La organización critica que el contrato "no cumple plenamente con la normativa vigente", destacando varios incumplimientos:
"A partir del 1 de julio de 2022 es obligatoria para las entidades locales con población superior a 5.000 habitantes la recogida separada de los biorresiduos. Sin embargo, el nuevo contrato establece la implantación del quinto contenedor marrón a partir del segundo año de la firma del contrato, cuando ya se lleva más de dos años de retraso", indicaron. Además, el contrato "no precisa la necesidad de 'contenedores inteligentes' para evitar su uso inadecuado y poder hacer un buen compostaje de la fracción orgánica", ni contempla "potentes campañas de sensibilización ciudadana". Según Ecologistas en Acción, el Ayuntamiento "ha instalado en la ciudad algunos contenedores para biorresiduos que no cumplen la función deseada".
Respecto a las tasas de reciclaje, la organización denuncia que "la cantidad de reciclaje para las fracciones de papel, metal, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables, deberá alcanzar en conjunto en peso, como mínimo, el 55% en 2025". No obstante, "en 2023 el total de residuos recogidos fue de 41.806,65 toneladas, de las cuales fueron al vertedero de Las Calandrias 32.728,83 toneladas, un 78%. El resto, un 22%, es lo que se prepara para reutilización y reciclado, aunque se desconoce su destino", lo que queda "muy lejos del 55% que nos exige la ley para 2025".
Ecologistas en Acción también critica el coste de la gestión de residuos. "A partir de enero de 2023 se penaliza con 40 euros por tonelada los residuos que vayan a vertedero y 20 euros por tonelada a incineración. Sin embargo, de los datos facilitados por el Ayuntamiento, en el vertedero de Las Calandrias la tasa por tonelada es de 52 euros, habiendo pagado en 2023 la cantidad de 1.701.899,16 euros". Según sus cálculos, "el ahorro que habría supuesto si se hubiera logrado el 55% de reciclado con la misma cantidad de basura habría sido de 723.638,6 euros".
La organización concluye que "el desastre administrativo y medioambiental del actual equipo de gobierno llega a la situación de que actualmente también está prorrogado el contrato de concesión de servicios para la gestión de la planta de selección de envases (CRR) y del servicio de recogida selectiva". Añaden que "el Ayuntamiento delega en empresas privadas servicios que son de su competencia, para lo que dedica decenas de millones de euros de nuestros impuestos; deja que finalicen los plazos sin tener preparados los nuevos contratos y licitaciones, y no controla el cumplimiento de las cláusulas de esos contratos. A la incompetencia de los responsables municipales se une el despilfarro de los fondos públicos".
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