El portavoz del PP de Cádiz y candidato al Parlamento andaluz, Rafael Ruiz Canto, ha denunciado los "incumplimientos" y el "abandono absoluto" del PSOE hacia los ex trabajadores de Delphi, lamentando la "huida permanente de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sin asumir sus compromisos y dejando tiradas a más de 500 familias gaditanas".
El dirigente popular ha acusado al PSOE de "engañar durante 8 años" a los ex trabajadores que aún siguen sin recolocar, apuntando que "el imputado y amparado, Manuel Chaves, fue el promotor del engaño; el huido José Antonio Griñán, fue el continuista de la mentira año tras año; la heredera del mayor fraude de la historia de Andalucía e 'implacable' contra la corrupción siempre que no sea socialista, Susana Díaz, la que les ha dado portazo".
Ruiz Canto ha apostado por el "diálogo" y ha reiterado la apuesta del PP por "la homologación y acreditación" de los cursos de formación de Delphi como "garantía de salida laboral" para los ex trabajadores.
En este sentido, recuerda que la Junta "destinó 65 millones de euros del dinero de los andaluces" a los cursos de formación de los ex trabajadores de Delphi "sin la certificación que les permita acceder a los puestos de trabajo que en el sector aeronáutico y naval se van a generar gracias a la apuesta del Gobierno de la nación".
A su juicio, "los trabajadores de Delphi no tienen la culpa de la nefasta gestión ni de las irregularidades del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía en los cursos de formación".
El dirigente popular no entiende cómo la Junta "ha dejado fuera del proceso de homologación iniciado por la Consejería de Educación" a los ex trabajadores de Delphi, lo que califica como "una muestra más del abandono del Gobierno socialista".
Ruiz Canto exige al Gobierno de Susana Díaz que "articule de manera urgente las medidas necesarias para homologar y acreditar la formación que recibieron los ex trabajadores y les permita acceder a un empleo", porque sostiene "es la Junta la que tiene las competencias".
Insta al PSOE de Cádiz y a su secretaria general, Irene García, a que se sumen a esta reivindicación para "dar solución a más de 500 familias que lo están pasando mal desde hace 8 años".
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