La Diputación Provincial de Cádiz ha celebrado su último Pleno Ordinario del año, en una sesión precedida por el tradicional desayuno navideño con los Medios y presidido por la presidenta Irene García. La sesión de cierre del curso político de 2017 ha transcurrido en un tono distendido y se ha caracterizado por un alto grado de consenso, ya que han prosperado un gran número de las mociones sometidas a votación: en concreto 14 de las 18 presentadas por los grupos políticos. Un consenso que se ha hecho más notorio en aspectos claves para el desarrollo económico de la provincia, como la pesca, las infraestructuras ferroviarias o la carga de trabajo para la Factoría de Navantiaen San Fernando, sobre los que se han alcanzado acuerdos unánimes.
De este modo, el Pleno ha alcanzado la unanimidad en dos puntos sobre el sector pesquero: a través de una moción del Grupo Socialista sobre la pesca del atún rojo, y del Grupo Izquierda Unida, en referencia a los cupos de capturas de sardina, boquerón y jurel.
La moción socialista, expuesta por María Dolores Varo, ha traslada al conjunto de la Corporación los acuerdos alcanzados en la Mesa del Atún. Una vez más la propuesta refleja disconformidad por la escasa cuota que se ha asignado a las pesquerías gaditanas y solicita a la Unión Europea un aumento del tonelaje permitido capturar, teniendo en cuenta el carácter social y sostenible que tienen las almadrabas y las artes de pesca tradicionales que se practican en la provincia. Para ello, se han pedido ayudas al Gobierno español y a la Junta de Andalucía en aras de encontrar el mayor apoyo institucional posible a estas medidas. En el caso de la propuesta sobre la Sardina de IU, se incluyen instancias a la Unión Europea para que tenga una especial consideración en sus medidas para poblaciones con problemas de paro y exclusión social; a la Junta de Andalucía para que haga homogénea la regulación de pesca para todos los puertos; y al Gobierno de la Nación, para que emprenda cambios normativos que garanticen precios mínimos, y para que impulse el cumplimiento de pagos de las ayudas.
El Pleno ha alcanzado la unanimidad también en otro aspecto estratégico, con la petición al Gobierno Central un calendario que garantice la finalización de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla para los años 2017-2020, que garantice la dotación presupuestaria para su ejecución efectiva. La moción del Grupo Socialista insiste en la necesidad de que se tomen de manera urgente medidas por parte del Gobierno para que se puedan poner en funcionamiento las dos subestaciones eléctricas necesarias para suministrar energía a estas infraestructuras básicas para la conexión ferroviaria de la Comarca del Campo de Gibraltar, así como la declaración de impacto ambiental del tramo Ronda-Antequera. Pese a que en ocasiones anteriores otras mociones sobre estas obras no habían encontrado el respaldo del Grupo Popular, en este caso todos los grupos de la Corporación Provincial se han sumado a la petición.
En el caso de Navantia, el acuerdo no ha sido unánime en todos los puntos, ante la postura contraria de Ganemos Jerez a que la empresa pública ejecute encargos para Arabia Saudí, aspecto éste en que ha votado en contra, mientras que Izquierda Unida se ha abstenido. Los términos del acuerdo aprobado, defendidos por el portavoz socialista Jaime Armario, incluyen una petición al Gobierno de que dé explicaciones por sacar a concurso público la construcción de un nuevo BAM (Buque de Acción Marítima), en lugar de adjudicarlo de manera directa a Navantia en San Fernando, y no dar cumplimiento a convenios vigentes que establecen la adjudicación directa a esta factoría. Del mismo modo se pide que se haga valer dicho acuerdo de 2001 que establece que esta sede de Navantia es la preferente en construcción naval militar del Estado. Asimismo la moción pide que se garantice la carga de trabajo y se formalicen los acuerdos de construcción de corbetas para Arabia saudí, como fue anunciado hace dos años.
Por otra parte, en vista de las investigaciones de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) de la Policía Judicial en Cádiz sobre el Consorcio de Bomberos, todos los grupos han apoyado la moción de Sí Se Puede Cádiz para la realización de una auditoría en esta entidad. La propuesta, con una enmienda del Grupo Socialista, concreta que se auditen aspectos como la relación de puestos de trabajo, la financiación, o la ejecución del presupuesto en los últimos diez años.
En materia cultural se ha instado a la Junta de Andalucía, a iniciativa del Grupo Popular, a firmar con el Ayuntamiento de Jerez un convenio para la puesta en valor del yacimiento arqueológico Mesas de Asta. También en relación con Jerez, se ha aprobado por unanimidad y con sendas enmiendas de Sí se Puede Cádiz, sobre garantías del buen cuidado a los animales, y del Grupo Socialista, con algunos aspectos técnicos para que pueda adaptarse a la normativa, la solicitud la Junta la admisión de la Doma Vaquera como Bien de Interés Cultural de Andalucía. Otra moción del Grupo Popular, con diferentes medidas en beneficio de la ganadería de la provincia para paliar las consecuencias de la sequía, ha salido adelante.
También con respecto a la sequía el Grupo Andalucista ha visto cómo el Pleno respaldaba una serie de acciones encaminadas a paliar y prevenir sus efectos, ya que según su portavoz, la vicepresidenta segunda, Maribel Peinado, "es ahora cuando aún hay agua, cundo hay que tomar medidas". Los andalucistas también han visto cómo se aprobaba por unanimidad su moción contra los cortes de suministro de luz y la pobreza energética.
En materia educativa, se ha aprobado la propuesta del Grupo Socialista para instar a los Grupos Políticos del Parlamento Andaluz a que se modifique la Ley para posibilitar la gratuidad del primer ciclo de educación infantil.
También en el capítulo de acuerdos cabe reseñar la moción conjunta de Sí se puede Cádiz y Ganemos Jerez para el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, que ha prosperado con el único voto en contra del Grupo Popular; y la instancia al Gobierno de una serie de medidas para aplicar en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, en una iniciativa de Izquierda Unida. La sesión además ha servido además para adoptar una declaración conjunta de todos los grupos políticos sobre la declaración de Shanghai sobre ciudades saludables.
Medidas contra la morosidad
El Pleno ha ofrecido una imagen infrecuente. El diputado de Servicios Económicos, Jesús Solís, ha comparecido con tres cajas en la que se incluían copias de las facturas sin pagar ni conformar correspondiente al mandato corporativo anterior, presidido por José Loaiza. Ha sido durante el punto 3 del Orden del Día, en que ha informado sobre las medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales que ha puesto en marcha el equipo de gobierno. Una morosidad que Solís ha atribuido a estas facturas de las que no se tenía conocimiento. También ha recordado al portavoz del Grupo Popular, José Loaiza, que la cifra de deuda reconocida pendiente de pago es dos millones inferior a la que en 2015 presentaba la institución cuando Loaiza era presidente. El portavoz del Grupo Popular, por su parte, ha defendido que el incumplimiento de los plazos que prevé la ley de pago a proveedores es independiente y anterior a la aparición de estas facturas.
Finalmente las copias de las facturas han sido entregadas a José Loaiza quien ha mostrado su disposición a reunirse con Solís para aclarar a qué se corresponden y dar solución a estos impagos que han florecido a estas alturas de mandato.
También durante la sesión plenaria se ha dado cuenta del nuevo Plan de Adecuación y Mejora de Instalaciones y Espacios Deportivos para municipios menores de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas, a través del diputado del área, Jaime Armario, que ha explicado que con este plan se trata de dar respuesta a las peticiones de los municipios, que han detectado deficiencias o mejoras necesarias para ejecutar en sus equipamientos deportivos. Por otra parte, Armario ha aclarado al portavoz de Izquierda Unida, Antonio Alba, que no se descarta en un futuro según se observen necesidades en municipios de hasta 50.000 habitantes, poder aplicar este programa a este grupo de municipios. Por su parte, Encarnación Niño ha explicado los términos del convenio del Centro Hospitalario de Alta Resolución de La Janda.
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