Irene García / Trekant Media

La secretaria general del PSOE de Cádiz y presidenta de la Diputación, Irene García, se ha mostrado esperanzada en que el Gobierno responda a esta provincia de manera que los PGE de 2018 suban al menos un 32 por ciento para situarnos como mínimo en el mismo nivel de inversión con respecto al año 2016. “Para que sean mínimamente pasables, las cuentas del Estado deberían reflejar una notoria subida pues ya el Gobierno no tiene el corsé de la contención al que aludía en 2017 y que fue la justificación para pegarnos el tajo y dejarnos con solo 243 millones de inversión respecto a 2016”, ha señalado, al tiempo que subraya que “en esta provincia estamos esperando como agua de mayo que se visualice la recuperación económica”.

Para empezar, la secretaria general ha sido muy crítica con el momento en que Rajoy ha presentado los PGE “fruto de su idilio con Ciudadanos”, y así sostiene que “la cuestión catalana que se ponía como excusa sigue en la misma encrucijada, quizá hasta en peores circunstancias, lo que demuestra que llevamos meses de retraso porque el Gobierno no ha hecho su tarea como debía, mientras las demás instituciones hemos cumplido”. “No sabemos nada de ejecución presupuestaria, por ejemplo, porque las cifras deben de sonrojar tanto a Sanz que no se atreve a exponerlas públicamente”, ha apuntado.   

A juicio de la dirigente socialista, las cuentas del Estado tienen que reflejar este año un reconocimiento de las peculiaridades de nuestra provincia en materia de empleo, de todo cuanto se refiere al desarrollo económico, las infraestructuras, y las potencialidades de nuestros sectores estratégicos, así como contemplar las medidas especiales que precisa el Campo de Gibraltar”.

“Cuando mañana presenten las cuentas, vamos a mirar la letra pequeña del contrato pues en el PP son expertos en marketing y después la realidad es otra; no vamos a quedarnos en las grandes cifras, sino en ver si realmente son cuentas que responden a los intereses de los gaditanos o dan la espalda como venimos apreciando al gasto social, a la dependencia, a la educación, las becas, qué ocurre realmente con las pensiones, qué hace el Gobierno para combatir la brecha salarial o de qué manera irradia trasversalmente la acción de lucha contra el narcotráfico que está corrompiendo nuestra democracia”.   

Sostiene la secretaria general que “el Gobierno ha estado vendiendo durante estos días unos presupuestos expansivos cuando la realidad es que no se sabe el gasto real de los Ministerios”.

“Esperamos unos presupuestos que no sean continuistas con la línea de desmontaje del sistema de bienestar porque los vamos a rechazar de plano”, apunta García, que asegura que “no podrán ser los presupuestos de los empleados públicos porque no recuperan los derechos que han perdido ni compensan la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido; ni podrán ser los presupuestos de los pensionistas pues el 70 por ciento no se beneficiarán de la subida del mínimo exento del IRPF; no podrán ser unos presupuestos para los trabajadores ni las familias pues el 60 por ciento tampoco se beneficiará de la subida del mínimo exento, mientras reparte migajas en becas, dependencia, guardería y educación infantil por citar solo algunos ejemplos de la microeconomía sobre la que vamos a estar muy vigilantes cuando mañana nos ofrezcan los detalles de las cuentas del Estado”.  

 


 

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