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Unidad de Delitos Tecnológicos / Policía Nacional

Agentes de la Guardia Civil han detenido en  Maracena (Granada) a un ciudadano rumano que tenía en vigor una orden de búsqueda y detención interesada por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la  Comisaría Provincial de Cádiz. El detenido fue localizado en control rutinario cuando detectaron su presencia y procedieron a su detención en la madrugada del pasado 30  de enero. El reclamado es un activo ciberdelincuente, integrante de una organización criminal internacional con numerosos antecedentes, al cual se le imputan la presunta autoría de más de 200 estafas realizadas por Internet.  Tras ser puesto a disposición judicial, el detenido ha ingresado en prisión.

La investigación realizada por los agentes de la Policía Nacional adscritos a la Unidad de Delitos Tecnológicos de Cádiz con la colaboración de las unidades de las Comisarías de Valladolid y Valencia ha permitido descubrir la identidad de este activo ciberdelincuente, el cual había conseguido mantenerse en el anonimato usado al menos ocho identidades falsas distintas.

El investigado  abrió numerosas cuentas bancarias donde recibía dinero procedente de falsos alquileres web y otro tipo de ilícitos.  El ciberdelincuente operaba mayoritariamente en las provincias de Valencia, Alicante, y Madrid, perteneciente a una organización criminal internacioal dedicada a abrir infinidad de cuentas bancarias con documentos de identidad falsos de supuestos nacionales de países de la Europa del Este. Se le imputan más de 200 denuncias cuyo importes estafados superaría los 200.000 euros.

Así pues, tras ser puesto a disposición el Juzgado Instructor y la Fiscalía Especial de Criminalidad Informática han decretado su ingreso en prisión preventiva.

La investigación ha recaído en el mismo Juzgado de Cádiz que instruye otros hechos similares por los que ya fueron detenidos otros dos ciudadanos Rumanos que presuntamente dirigían una celula delictiva en la localidad de Coslada en Madrid, dedicada a misma actividad ilícita y que permanecen en prisión. La evaluación inicial del fraude, según los investigadores, podría superar el millón de euros.

 


 

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