La Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de Cádiz exige el blindaje de la Enseñanza Pública y la dimisión del jefe de Planificación Educativa de la Delegación de Educación, D. Joaquín Mateos Documento de rechazo frente al cierre de unidades en la enseñanza pública, y lo hacen a través de un comunicado remitido en PORTAL DE CÁDIZ y anunciando un acto de entrega en registro el día 12 de junio a partir de las 12:00 horas.
El comunicado explica lo siguiente:
El pasado 21 de mayo la Junta de Personal Docente no universitario de la provincia de Cádiz convocó y celebró una manifestación en defensa de la enseñanza pública gaditana. En aquellos momentos ya se había confirmado el cierre de unidades en varios centros de la provincia. Esa tarde del 21 de mayo, numerosas familias, profesorado y, en general, muchas ciudadanas y ciudadanos se unieron a la manifestación. Un par de días antes de la protesta, los miembros de la Junta de Personal Docente fueron convocados en la Delegación Provincial de Educación. La respuesta estaba clara, no había nada que hacer. Ante el descenso demográfico se imponía el criterio de la eficiencia y las supresiones no tenían marcha atrás. A pesar de que reiteradamente se ha solicitado a Planificación Educativa el listado de unidades de la enseñanza pública sujetas a supresión en nuestra provincia, la respuesta siempre ha sido la misma: aún no hay un listado definitivo. Mientras tanto, suma y sigue. Hoy nos hemos enterado por la prensa de que la amenaza del cierre planea sobre las unidades de segundo de bachillerato de otros dos institutos gaditanos: el IES Drago y el IES Alberti. El pasado 5 de junio, se celebró un pleno de la Junta de Personal Docente y, entre otras cosas, se aprobó continuar con las movilizaciones en defensa de la enseñanza pública de nuestra provincia. El acuerdo fue unánime entre todas las organizaciones sindicales con representación en la Junta de Personal Docente. Ni un paso atrás, la escuela pública se defiende. Para ello, se aprobó continuar con la campaña contra el desmantelamiento de la Escuela Pública y enviar un comunicado a todos los claustros de los centros públicos de la provincia para explicar la situación y concienciar de la necesidad de defenderla. Además, se elaboró un documento de rechazo frente al cierre de unidades que cualquier ciudadana y ciudadano podrá entregar el día 12 de junio a las 12:00 de la mañana en registro en las localidades de Cádiz, Algeciras y Jerez de la Frontera.
La escuela pública gaditana está en peligro y por ello, la Junta de Personal Docente exige:
- El mantenimiento de todas las unidades de la Enseñanza Pública en la capital gaditana. Tanto el IES Columela, como el IES San Severiano y el CEIP La Inmaculada podrían mantener sus unidades si se atendiesen a criterios de calidad de enseñanza y no meramente economicistas. No estamos dispuestos a tolerar que alumnado de Bachillerato que eligió matricularse en el IES San Severiano sea dirigido a otros centros, incluso alguno concertado. Ni que un centro histórico como el IES Columela sea condenado a desaparecer en un futuro más o menos próximo ante la desidia de quienes deberían velar por su mantenimiento. Se incluyen las unidades anunciadas en el IES Drago y el IES Alberti.
- La creación de unidades en aquellos centros donde ha existido demanda suficiente, como se nos prometió que sucedería en esa reunión celebrada ante el delegado territorial, como son el CEIP El Juncal, de El Puerto de Sta Mª; el CEIP San Francisco de Arcos de la Fra; El CEIP Almirante Laulhé, de San Fernando o el CEIP Carmen Sedofeito de Chiclana, por citar algunos ejemplos.
- Que se evite la unión de grupos de edades diversas en toda la Sierray se respeten los criterios de escolarización recomendados por el Servicio de Planificación de no unir grupos de niveles diversos con más de 12 alumnos/as, ni del mismo nivel de más de 15, como ocurre en CEIP Maestro Gálvez de Villaluenga,o el CEIP Fernando Hué de Zahara de la Sierra. Mantener en las zonas rurales, como ocurre en el CRIPER de Benamahoma/La Muela/Algodonales o el CEIP Antonio Machado de Grazalema, las unidades necesarias para que esos centros no se conviertan en las antiguas escuelas unitarias, y poder invertir en progreso y dinamización de esas zonas rurales con el mantenimiento de la población y familias más jóvenes.
- Que se evite la masificación y se construyan los centros públicos prometidos en Jerez, Puerto Real, etc, y no se incumpla la normativa de escolarización que prohíbe ratios por encima de 25 en Infantil y Primaria,y de 30 en Secundaria, como se está haciendo en multitud de zonas de esta provincia, como pueden ser Castellar de la Frontera, Medina o Jerez, por citar algunos ejemplos.
- Que se tengan en cuenta criterios que vayan en beneficio de la Enseñanza Pública y de su calidad, como garantes de un servicio y derecho fundamental equilibrador de las diferencias sociales y de la diversidad, que apuesten por la bajada de las ratios especialmente en las aulas donde haya escolarizado alumnado de NEAE/NEE.
- El blindaje de la Educación Públicay la revisión, sin esperar a los cuatro años que restan para finalizar el acuerdo realizado con la Enseñanza Privada Concertada, para equilibrar los efectos del descenso demográfico y la caída de la natalidad.
- Exigimos, asimismo,coherencia en los gestores de la Administración Públicacomo garantes de los bienes públicos que se les han encomendado, tarea que, consideramos desde esta Junta de personal Docente, están desarrollando de manera contraria a lo que se les encomendó.
- La inmediata convocatoria de la Comisión Provincial de Garantías de Escolarización y la facilitación de la información sobre planificación de unidades solicitada desde la Presidencia de esta Junta de Personal Docente, a las que tenemos derecho como parte interesada.
- Exigimos que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía aplique medidas que eviten la pérdida de unidades y que permitan la mejora de la calidad de la enseñanza en los centros educativos, como la bajada de la ratio a 20 alumnos/as en todos los cursos de Infantil y Primaria, y a 25 en Secundaria, Bachillerato, FP y EREs; los desdobles en las materias troncales en Secundaria y Bachillerato y la dotación de personal suficiente a los centros de Infantil y Primaria para que l@s maestr@s de refuerzo sean realmente de apoyo y no l@s encargad@s de sustituir al personal docente ausente. Así como dotar del Personal de Administración y servicios (monitores/as de educación especial, monitores/as administrativ@s, ordenanzas,…), que tanta importancia tienen para el buen funcionamiento de los centros; medidas que además supondrían la creación de puestos de trabajo.
De igual manera, la Junta de Personal Docente entiende que los gestores de la Administración Pública son y deben ser garantes de los bienes públicos que se les han encomendado. Por ello, y por la opacidad que muestra esta Delegación, a la que reiteradamente se le ha solicitado información sobre escolarización, sin obtener respuesta, exigimos la dimisión del responsable del área de Planificación Educativa, D. Joaquín Mateos.
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