La Junta de Personal Docente No Universitario de Cádiz ha emitido un comunicado para denunciar la situación del comienzo del curso escolar en plena pandemia.
El comunicado íntegro, remitido a Portal de Cádiz, es el siguiente:
Desde la Junta de Personal Docente No Universitario de Cádiz queremos hacer llegar a los medios nuestra más enérgica repulsa ante el atropello de derechos esenciales que se están cometiendo desde la Consejería y la Delegación Territorial de Educación, ya que no solo se están poniendo en riesgo la salud y la vida de toda la Comunidad Educativa – y por extensión, la de toda la sociedad- , sino que se está demostrando la improvisación y la falta de preparación para abordar una situación de este calibre.
Los centros educativos no pueden ser guarderías donde aparcar a nuestros niños y niñas para que sus familias puedan trabajar y producir, a cualquier precio. El profesorado y compañeros del PAS y otros servicios (aulas matinales, comedores, transportes escolares, etc) no somos simple mercancía en manos de la Administración para que cumplamos sus objetivos sin importarles nuestras condiciones de riesgos laborales y el peligro al que nos expondremos nosotros y nuestras familias.
Ante todo dejamos claro que defendemos una enseñanza presencial, la única capaz de garantizar la igualdad de oportunidades y la interacción entre alumnado y profesorado, pero no a cualquier precio, con ratios excesivas e ilegales en muchos casos, que impiden las normas más elementales de seguridad ante el covid.
Por ello, desde la Permanente de la Junta de Personal Docente se han tomado los siguientes acuerdos:
1. La creación de un correo de seguimiento y denuncia de todas las situaciones que vulneren los derechos elementales de salud de nuestras comunidades educativas, así como las ratios por encima del número de alumnos/as que marca la ley. Este correo es: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
2. Nuestro más enérgico apoyo a todas las directivas de los centros, agotadas ya por titánicas jornadas laborales, órdenes y contraórdenes de Consejería y Delegación, sometidas a responsabilidades que no les corresponden y obligadas a trabajar durante el mes de agosto –vacaciones legales- para poder organizar sus centros y adaptarlos a normativas que, finalmente, han sido modificadas en septiembre, tirando por tierra todo ese trabajo y la planificación realizada con sumo esfuerzo. Denunciaremos esta vulneración de derechos.
3. Denunciar a la Delegación y la Consejería por todas las ratios ilegales que se produzcan en la provincia. Ya son números excesivos e ilegales para una situación de pandemia tener 25 en Infantil, Primaria y Educación Especial; 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato y FP, para encima tener que soportar ampliaciones de ratios ilegales en muchos centros, producto de la vergonzosa supresión de líneas de los últimos años en la Educación Pública. Como ejemplo tenemos el IES La Almadraba de Tarifa con 100 alumnos en 3º de ESO, agrupados ilegalmente en tres grupos de 33, 33 y 34, cuando legalmente correspondería por triplicado la creación de la cuarta línea que permitiera grupos a 25. Eso sería lo legal. Lo contrario obliga a clases masificadas que impiden mantener la distancia de seguridad de un metro y medio que exige la normativa y que, en muchos casos, no pueden ser de más de 30/50 cms. Tenemos multitud de ejemplos en toda la provincia.
4. Denunciar, asimismo, el no reconocimiento de la situación de riesgo al profesorado en situación vulnerable, que está viendo como masivamente se le niega la concesión de
esta situación a pesar de padecer enfermedades recogidas en el decreto. Se nos han realizado test rápidos, además, cuya fiabilidad está en entredicho por muchos especialistas, y nuestro alumnado entrará en clase sin haberse sometido previamente a ningún control, pudiendo ser asintomático, pero portador del virus.
5. Denunciamos el caos que están generando con la arbitraria asignación y contrasignación del profesorado de refuerzo covid, ya que tienen contrato hasta diciembre, lo que supone en la práctica la imposibilidad del desdoble de grupos. Centros que recibieron profesorado para ello, con sus planificaciones ya realizadas, están recibiendo en estos días notificaciones de que se les retira. Se trata de una falta de respeto absoluta hacia el trabajo de directivas y profesorado que, como señalábamos al principio, están realmente exhaustos y desbordados por la situación.
6. Exigimos la ampliación de líneas en aquellos centros donde hay alumnado suficiente para ello, como dicta la propia ley, y la obligatoriedad de ofrecer plazas en la pública para aquellas familias que así lo han solicitado, como es el caso del IES San Severiano de Cádiz. Estamos viendo casos de asignación ilegal a centros concertados de alumnado que esperaba su plaza en la pública.
7. Denunciamos, asimismo, la falta de partida presupuestaria para cubrir los gastos del material anti-covid (mascarillas, hidrogel, batas y pantallas para personal de Infantil y Educación Especial, etc). Muchos centros han invertido ya el remanente económico que tenían de sus propios presupuestos. El material asignado desde Consejería y que ha llegado estos días a los centros es mínimo, a todas luces insuficiente y ridículo.
8. Exigimos que la plantilla de técnicos de prevención de riesgos laborales de delegación sea cubierta en su totalidad, como venimos denunciando desde hace años. En la actualidad solo están cubiertas 3 de las 15 plazas que debería tener, lo que les impide llevar a cabo su labor. Recordamos que aún existen centros donde no se ha retirado el amianto. Todo ello demuestra el escaso valor que desde Consejería y Delegación se da a la salud y la seguridad de la Comunidad Educativa.
Estos abusos serán denunciados en donde corresponda en los próximos días y ha llevado a varias de las OO.SS. que formamos esta Junta de Personal a la convocatoria de una jornada de huelga para el próximo 18 de septiembre. Porque la Educación Pública es un derecho fundamental e irrenunciable que defenderemos con uñas y dientes, pero también lo son la salud y la vida de todas las personas que formamos las comunidades educativas y que, en estas circunstancias de pandemia, se están exponiendo de manera alarmante.
Aún estamos a tiempo de no lamentarnos. Y la única manera de conseguir la educación presencial que todos y todas queremos es a base de bajar las ratios, contratar a más profesorado y personal de limpieza, conceder las líneas que la propia ley mantiene cuando se superan en septiembre las ratios permitidas y ampliar los espacios docentes a otros locales si es necesario. Desmasificar. No hay más. Así que empiecen a hacerlo, o las aulas se les quedarán vacías. Y, esperemos, no tengamos que lamentar desgracias mayores.
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