El sindicato de docentes USTEA Cádiz ha denunciado a través de un comunicado remitido a Portal de Cádiz que la Orden para extender los conciertos educativos en Educación Especial, Bachillerato y FP supondrá la destrucción de miles de puestos de trabajo en la educación pública, lo que afectará muy negativamente tanto al profesorado interino como funcionario.
El comunicado es el siguiente:
Hace algo más de un mes que el gobierno de Andalucía hizo público el borrador de Orden para acogerse al régimen de conciertos educativos, que pretende que esté en vigor el curso 2021-2022. Un documento que viene con una novedad fundamental: la extensión de los conciertos a las etapas educativas no obligatorias. Ya el consejero de Educación, Javier Imbroda, ha expuesto públicamente su intención de empezar priorizando la FP de Grado Medio.
Desde el sindicato USTEA ya hemos denunciado públicamente ese proyecto de Orden. Además, en este contexto de ofensiva de la educación privada concertada, hemos iniciado una campaña para volver a poner sobre la mesa la necesidad de reversión y desaparición de los conciertos educativos ( https://educacion.ustea.org/ustea-contra-los-conciertos-educativos/ ). De los diversos aspectos que mencionamos en la campaña, hay uno en el que queremos hacer hincapié: la destrucción de empleo público.
Hay que tener en cuenta que el principal instrumento que tienen los gobiernos para la privatización de educación son los conciertos educativos. La expansión de los mismos es un proceso necesariamente “sincronizado” con el cierre de líneas en centros públicos. Dicho de otro modo: se cierran líneas en la pública, propiciando una masificación de las aulas, para dar más espacio a la educación privada subvencionada. Así hemos llegado a la situación que encontramos en la ciudad de Cádiz: el cierre constante de líneas ha propiciado la expansión de la educación privada subvencionada, hasta el punto de que mucho más del 60% de las plazas de educación obligatorias se ofrecen ya en centros privados concertados.
La comparación de los datos entre comunidades es clarificadora. En Andalucía el porcentaje de alumnado matriculado en la pública no llega ya al 75%, lo que significa que uno de cada cuatro alumnos está matriculado en un centro privado, mayoritariamente concertado: la educación privada concertada supone algo más del 20%. En la Comunidad de Madrid, espejo en el que se mira el gobierno andaluz, donde hay conciertos educativos para las etapas no obligatorias, las matriculaciones en la pública no llegan al 55%, y la educación privada concertada supone en torno al 30% de la oferta. Un dato adicional: en los grados medios, los que quiere favorecer el consejero Imbroda de forma prioritaria, el alumnado que alberga la pública no llega al 59%, mientras que el 29% está en la privada concertada.
A la luz de estos datos, resulta evidente cuál será la terrible consecuencia de la extensión de los conciertos a FP y Bachillerato: la destrucción de miles de puestos de trabajo en la educación pública de Andalucía, en un “ERE silencioso”. Unas consecuencias que volverán a pagar, sobre todo, las y los docentes interinos, el flanco más débil del profesorado. Este sector encontrará muy disminuidas las posibilidades de trabajar cuando participe en la colocación anual de efectivos en verano, o en las convocatorias de SIPRI para cubrir sustituciones y vacantes sobrevenidas, además de que las convocatorias de oposiciones presentarán ofertas cada vez más raquíticas.
Pero las consecuencias las pagará también el profesorado funcionario. El fomento de la educación privada concertada y el cierre de líneas que conlleva puede acarrear que salga desplazado de su centro. Además, reducirá drásticamente la posibilidad de movilidad geográfica a través de las comisiones de servicio, lo que obstaculizaría seriamente las posibilidades de conciliación.
Por eso desde USTEA Cádiz llamamos a toda la comunidad educativa de la educación pública, y concretamente al profesorado, a tomar conciencia del peligro que supone la extensión de los conciertos educativos a las etapas no obligatorias, a difundir esta información entre compañeras y compañeros de los centros, y a oponer al proyecto presentado por la Consejería de Educación.
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