El sindicato de docentes USTEA Cádiz ha denunciado que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía etaría preparando el terreno para extender los conciertos en Formación Profesional.
El comunicado íntegro de denuncia, remitido a Portal de Cádiz, es el siguiente:
Para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía todo el año es Halloween, porque nuestro Consejero de Educación, Javier Imbroda, no para de aterrarnos con sus recortes y propuestas privatizadoras.
Muchas personas han disfrutado el pasado fin de semana del inocente juego Truco o trato, del cual Imbroda ha creado una versión particular: Truco Y Trato. En qué consiste esta nueva versión se explica al observar cómo la Consejería de Educación prepara el terreno para extender los conciertos educativos a la Formación Profesional.
El truco consiste en repetir que no existen suficientes plazas en la enseñanza pública para cubrir la demanda existente y que por este motivo es necesario acudir a centros privados para concertar dichas enseñanzas. Como todo truco de magia, tiene detrás una trampa: no ofertar plazas suficientes para que sea imposible atender toda la demanda. Una trampa –estrategia, la llamaría el muy astuto- que puso al descubierto la propia Delegación de Educación de Cádiz en el informe de datos de inicio del curso escolar 2020-2021 que se abordó en la reunión del Consejo Escolar Provincial celebrada el 28 de octubre, donde están convocados el delegado provincial y los jefes de los diferentes servicios. Un Consejo Escolar que no por casualidad se celebró muy cerca de la noche de Halloween.
Los datos oficiales plasmados en el informe son concluyentes. Las enseñanzas nuevas de Formación Profesional en nuestra provincia son:
– Un curso de Formación Profesional Básica en San Fernando.
– Tres Ciclos Formativos de Grado Medio, dos en Medina y uno en Benalup.
– Un Ciclo Formativo de Grado Superior en Cádiz.
Ante la petición de aclaraciones por parte USTEA Cádiz, se expuso que desde los centros de la provincia se han solicitado entre 35 y 40 ciclos formativos nuevos, pero que existe orden de la Consejería de Educación de no dar ninguno si el centro no tiene esa familia de Formación Profesional, lo que conllevaría realización de obras y dotación de equipamientos.
Algunos ejemplos pueden resultar clarificadores. En Tarifa, municipio que vive fundamentalmente del turismo, llevan más de 40 años impartiendo una Formación Profesional diseñada para otra época, con la posibilidad de elegir entre Automoción o Administrativo. Sin embargo, su población no se puede formar todavía en especialidades relacionadas con el turismo, la hostelería o los deportes en la naturaleza, es decir, con especialidades relacionadas con el principal medio de subsistencia de la población, puesto que la Junta ha dispuesto que solo se pueda pedir más de las especialidades que ya tiene. Hace años que uno de los institutos del municipio solicitó un Ciclo Formativo de Actividades Físico Deportivas en el medio natural, pero ni se le ha concedido ni hay visos de que se le vaya a conceder.
Otro ejemplo lo encontramos en Jerez de la Frontera, ciudad con una altísima tasa de desempleo, y para la que se pide desde hace años la implantación de ciclos como los de Vitivinicultura, Energías renovables, Emergencias sanitarias, Actividades físicas, Restauración y Repostería, Producción agrícola, Ganadería, Sanidad animal y un largo etcétera. Mientras, la inacción de la administración y la carencia de ofertas posibilita el surgimiento de empresas como Albor o Medac, que podrán acogerse ahora a los conciertos educativos para su oferta formativa.
Este es el quid de la cuestión. Al no ofertarse ninguna formación nueva desde la Junta de Andalucía, la demanda de formación no puede ser atendida, posibilitando que, después del truco, llegue el trato: un empresario abre su empresa, un centro educativo de FP, y la Junta de Andalucía le costea el profesorado y los gastos de funcionamiento con el dinero de todas y todos. Pues a los centros privados concertados la Administración debe abonar el pago de los salarios de todo su personal docente, así como «otros gastos», que incluyen los costes del personal de administración y servicios, el mantenimiento, conservación y funcionamiento de estos centros y los gastos del «material y equipamiento necesario para la impartición de las enseñanzas y cursos de formación del profesorado».
Un buen truco y un trato redondo.
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