El mundo rural y la aplicación de diferentes medidas para favorecer su desarrollo, el fomento del empleo o la mejora de infraestructuras han protagonizado el debate del Pleno ordinario de abril, que ha incluido varios puntos en el apartado de proposiciones de los grupos políticos sobre estos aspectos. Unas medidas especialmente necesarias en un momento de fuerte subida de precios.
Entre los acuerdos figura el apoyo unánime a una moción presentada por el Grupo Andalucía Por Sí, en que se ha pedido al Gobierno de España y al de la Junta de Andalucía la ejecución urgente de un programa especial de ayudas al sector Agro-ganadero. Su portavoz, Miguel Molina, ha explicado que el actual contexto, marcado por la subida del gasoil agrícola, el precio de piensos y productos básicos o la sequía que obliga a los pequeños productores a asumir pagos para complementar la alimentación ante la escasez de pastos de la ganadería extensiva, ha elevado de forma insostenible los costes de producción. Por ello, la moción insta a la Junta y al Gobierno Central a la adopción de un programa urgente de ayudas. Además se solicita a las administraciones europeas la activación del Fondo de Solidaridad para paliar los efectos de esta grave situación.
Otra moción, en este caso del Grupo Socialista, afecta directamente al empleo rural. Se trata de una propuesta de la mejora de la financiación del Programa de Fomento del Empleo Agrario, PFEA, defendida por Javier Pizarro, y que insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a revisar al alza la cantidad que aporta para la financiación de los materiales destinados a las obras de este programa.
La inflación de los precios del material, cuya compra financia la Junta en un 75% y en un 25% las diputaciones, pone en riesgo la viabilidad del programa, ya que algunos proveedores se niegan a suministrarlo a precios del año pasado. Una situación que puede comprometer la economía de las diputaciones si son ellas quienes asumen todos los sobrecostes. Por ello, la moción solicita el aumento de la financiación de la Junta para hacer frente a la subida. La han apoyado todos los grupos menos el Partido Popular y Ciudadanos.
También ha habido espacio para tratar sobre infraestructuras en zonas rurales, en concreto de las obras de arreglo de la carretera A-2304, que une Alcalá de los Gazules y Ubrique. El portavoz socialista, a la vez que alcalde alcalaíno, Javier Pizarro, ha descrito la situación de esta vía que pertenece a la Junta de Andalucía y que es muy utilizada por vecinos de Algar, Alcalá y Ubrique, así como por visitantes, debido a su interés turístico por su conexión con el área recreativa de El Picacho o el acceso a Puerto de Galis. La mayor densidad de tráfico que llevan aparejadas estas circunstancias y la falta de adaptación a la normativa hacen necesaria una actuación que se pide al Gobierno Autonómico, que incluye la ampliación de los márgenes y el refuerzo del firme. Unanimidad en el voto.
También relacionada con el ámbito rural, donde la sequía tiene los efectos más graves, es la moción socialista que se ha aprobado sobre la presa de Gibralmedina. Una moción cuya ejecución tendría repercusiones positivas para todo el Campo de Gibraltar e incluso la Costa del Sol. El portavoz socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, ha explicado que la llegada de fondos europeos puede suponer una oportunidad para financiar estos trabajos. La moción solicita al Gobierno de la Junta de Andalucía acelerar la redacción del proyecto de esta presa y comenzar inmediatamente su licitación y ejecución, bien con los citados fondos europeos exclusivamente, bien aportando la Junta también los recursos propios necesarios. Finamente el Grupo Popular y Ciudadanos se abstuvieron en este punto.
La situación del Campo de Gibraltar también ha sido abordada en otro apartado del orden del día. A iniciativa de Adelante Cádiz se ha propuesto la declaración de esta comarca como zona de especial singularidad. La moción, defendida por Alejandro Gutiérrez, propone un paquete de medidas que incluye la petición al Gobierno Central de revisar el cumplimiento íntegro del Plan Integral para el Campo de Gibraltar acordado en Consejo de Ministros de noviembre de 2018; pedirle que declare al Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad; instar a la Junta de Andalucía a que declare el Campo de Gibraltar como zona de difícil cobertura con déficit de profesionales en los servicios públicos para así incentivar su llegada; o que revise el cumplimiento de las acciones ya ejecutadas dentro del Plan de 112 medidas para minimizar los efectos del Brexit.
También ha habido espacio para el debate sobre vivienda social, a iniciativa del Grupo Provincial de Izquierda Unida. De este modo, la sesión plenaria ha llegado al acuerdo de instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a impulsar un programa extraordinario de vivienda social en la provincia de Cádiz y a aplicar, tras su aprobación parlamentaria, la Ley por el Derecho a la Vivienda. En este punto, ha intervenido Lucía Trujillo como portavoz socialista, estrenando su condición de consejera delegada de la Empresa Provincial de Vivienda adquirida en esta misma sesión. El acuerdo se ha saldado con las abstenciones de Grupo Popular y Ciudadanos.
Además, el Grupo Izquierda Unida ha encontrado el consenso de todos los grupos en su moción relativa al Laboratorio Agroalimentario y Estación Enológica de Jerez. En esta moción se trata de dar solución a la situación de este recurso y apoyar su traslado al Parque Tecnológico Agroalimentario, donde se alojan diferentes empresas y entidades, y que de paso, esta medida permita la ampliación de servicios del laboratorio y favorezca que se le dote del personal y el presupuesto necesario para su funcionamiento. La portavoz, Carmen Álvarez, ha explicado que actualmente los equipamientos se encuentran abandonados y el proyecto estancado, con lo que esta moción pretende que el traslado que planea la Junta se agilice para garantizar el buen funcionamiento de este recurso estratégico para el sector del vino en la provincia.
Una moción de carácter social del Grupo Ciudadanos ha sido respaldada por todos los grupos. En ella se ha mostrado el apoyo a las personas con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y la proposición de ley de este partido a nivel nacional, tal y como ha explicado su portavoz, Estefanía Brazo. Al respecto, el diputado de Bienestar Social, David de la Encina, además de expresar su acuerdo, ha recordado las políticas que la Diputación ya desarrolla en este ámbito, con el pago del transporte a personas afectadas, así como ha tenido un recuerdo a las personas que cuidan a las afectadas de ELA, que pueden alcanzar niveles de severa dependencia.
El Grupo Popular ha visto aprobada una moción de índole social, que ha conseguido el respaldo de toda la Corporación, y que solicita al Gobierno de España la modificación legal necesaria para ampliar en veintiséis semanas los permisos de maternidad y paternidad para las familias monoparentales. Almudena Martínez del Junco, portavoz en este grupo en este punto, ha argumentado que esta medida pretende dar una respuesta a la diversidad de modelos de familia que equipare sus derechos.
Unanimidad también en la Proposición del Grupo Adelante Cádiz relativa a la siniestralidad laboral en la Bahía de Cádiz. Esta moción ha sido expuesta por el portavoz, José María González, cuya argumentación se ha iniciado con un recuerdo del fallecimiento reciente de Eduardo, trabajador de la industria auxiliar de Navantia, así como otras víctimas de la siniestralidad laboral. Ejemplos que ha empleado para visibilizar la situación de riesgos laborales que se acrecienta con la precariedad. La moción, además de instar al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos laborales para empresas matrices y auxiliares, también solicita al Gobierno Central una auditoría en Navantia, e insta a la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía a actuar frente a cada incumplimiento del convenio, auditando cada contrato realizado con las empresas que trabajan en el sector.
La moción además incorpora datos como que son más de 20 las personas fallecidas en accidentes laborales en Andalucía en los 3 meses primeros meses del 2022 y que la Bahía de Cádiz, con 467 accidentes laborales, concentra un tercio de los 1.555 contabilizados en el conjunto de la provincia solo entre enero y febrero.
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