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Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ha exigido a Gibraltar el cese inmediato del hostigamiento a los pescadores andaluces, y ha solicitado al Gobierno de España en funciones que actúe de manera urgente en defensa de la actividad de los barcos de La Línea y Algeciras en aguas jurisdiccionales españolas.

La consejera ha destacado la importancia de proteger a los barcos españoles que faenan tradicionalmente en caladeros alrededor del Peñón de Gibraltar, resaltando que su labor es vital para muchas familias de la región.

Crespo ha enfatizado en su demanda que los pescadores de La Línea de la Concepción no están incumpliendo ninguna legislación y tienen la licencia necesaria para pescar en esas aguas, que son de jurisdicción española. Asimismo, ha recordado que las embarcaciones que suelen pescar en esa zona concreta son de artes menores, con barcos muy pequeños, y no provocan ningún daño.

La actuación de la Policía Real de Gibraltar en los últimos días, acosando a los pescadores de una embarcación del municipio gaditano de La Línea de la Concepción, ha sido calificada por Crespo como un acto de hostigamiento inadmisible que requiere una respuesta firme por parte del Gobierno de España.

La consejera ha criticado la inacción del Ejecutivo central en funciones, afirmando que no puede escudarse en su situación política para no prestar auxilio y defender a los pesqueros andaluces ante un conflicto con Gibraltar. La situación se ve agravada por problemas como la incidencia del alga asiática, la escasez de pesca o el vertido de fuel en la zona.

Crespo ha asegurado, además, que las embarcaciones españolas pasan todos los controles pertinentes de capturas cuando regresan a puerto y que las autoridades conocen en cada momento el punto exacto en el que se encuentran.

Este incidente subraya la tensión continua en las aguas cercanas a Gibraltar y pone de manifiesto la necesidad de una colaboración más sólida y una comunicación clara entre las autoridades españolas y gibraltareñas para garantizar que los derechos y la seguridad de los pescadores andaluces sean respetados en todo momento. La actuación de la Junta de Andalucía se presenta como un llamamiento claro en defensa de los derechos de los ciudadanos y de la soberanía española en estas aguas.

 


 

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