Una vez más, el Ayuntamiento de San Roque se ha visto obligado a tomar medidas propias para resolver un problema que, en teoría, no debería recaer en su jurisdicción. A día de hoy, el Consistorio ha contratado maquinaria pesada con el fin de reabrir la bocana del río Guadiaro, que llevaba cerrada de arena durante al menos las últimas dos semanas. Aunque la responsabilidad correspondería a la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento ha asumido la tarea, motivado por razones medioambientales y de salud pública.
Belén Jiménez, teniente de alcalde delegada de Infraestructuras y Obras, se desplazó personalmente a la desembocadura del río para supervisar los trabajos de reapertura. Según indicó, la arena que bloqueaba el flujo de agua entre el Guadiaro y el mar ha sido finalmente retirada por una retroexcavadora.
La edil dejó claro que desde el Consistorio "teníamos claro que aunque hiciéramos el llamamiento a la Junta de Andalucía en tiempo y forma", dicha administración no iba a tomar cartas en el asunto. Contrarrestó además las explicaciones dadas por la Junta, que argumentó que el Ayuntamiento llevaba a cabo la retirada de arena "por motivos turísticos", subrayando que la medida se ha tomado “por cuestiones medioambientales” y sanitarias.
Jiménez destacó que la inacción de la Junta revela una “irresponsabilidad al no asumir sus competencias”. La consecuencia directa es un incremento en el gasto municipal, una situación que, según afirmó, no puede prolongarse en el tiempo. El Ayuntamiento planea enviar un escrito a la Junta adjuntando las facturas de los últimos años para reclamar el reembolso de las cantidades abonadas en este concepto.
Este problema recurrente pone de manifiesto la necesidad de una solución definitiva al taponamiento estacional de la bocana del río Guadiaro. Dado que el río desemboca junto a una urbanización en Sotogrande, la falta de flujo de agua podría convertirse no solo en un problema medioambiental sino también en un riesgo sanitario. Desde 2019, el Ayuntamiento ha tenido que asumir esta labor en al menos once ocasiones, a pesar de ser una competencia que, según un informe de la Abogacía del Estado y por el hecho de que el estuario es un espacio natural protegido, debería recaer en la Junta de Andalucía.
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