Tras un "largo periplo administrativo y judicial", los servicios jurídicos de Independientes de la Guardia Civil (IGC) han conseguido que la Abogacía del Estado se allane a las "justas reivindicaciones en materia socio laboral" de los guardias civiles en situación de reserva activa destinados en puestos de trabajo que no pertenecen a la Guardia Civil.
El comunicado emitido por la Junta Nacional de IGC hoy subraya el papel de la Abogacía del Estado en este resarcimiento. La institución "apoya la tesis que venían manteniendo los recurrentes, asistidos legalmente por el Letrado especializado en esta materia que ha sido contratado por los servicios jurídicos de IGC, el almeriense Jose Miguel Ramos".
La lucha se centra en el Complemento Específico Singular que forma parte de la nómina de un agente. Este complemento "venía siendo denegado por la propia Dirección General de la Guardia Civil de forma continuada", según el comunicado. Los guardias civiles afectados "verán reintegradas dichas cantidades económicas que reclamaban, de conformidad con lo interesado en las correspondientes demandas judiciales instadas ante la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid."
IGC confía en que esta sentencia lleve a la Dirección General de la Guardia Civil a "reconsiderar su postura negacionista a la hora de reconocer los derechos sociolaborales de sus trabajadores". El comunicado enfatiza que esta lucha judicial no hace más que "demorar en el tiempo el posterior reconocimiento en Sede judicial de lo legítimamente reclamado por sus trabajadores".
Envíanos tus vídeos, fotos, denuncias y noticias por WhatsApp (645 33 11 00)
