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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado a favor del sindicato CSIF, anulando el nombramiento de una funcionaria interina en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. La sentencia establece que el Gobierno local se saltó los procedimientos legales, al no llevar a cabo un concurso de provisión de puestos para ocupar una plaza vacante en la Asesoría Jurídica del servicio de Personal.

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento ha celebrado la resolución judicial y ha destacado que esta sentencia "pone de manifiesto que los puestos de trabajo se deben cubrir, cuando estén asignados a funcionarios, con funcionarios de carrera". De acuerdo con CSIF, sólo en situaciones de urgente necesidad y siguiendo los plazos máximos que establece la ley, es permitido recurrir a funcionarios interinos.

La organización sindical ha señalado que esta práctica irregular de contratación contribuye a "la inaudita precariedad actual" en las Administraciones Públicas. La precariedad laboral ha sido criticada por la Justicia europea, que ha instado al Estado español a promover procesos de estabilización de plantillas.

CSIF ha denunciado reiteradas veces el comportamiento del Ayuntamiento de El Puerto, que ha optado por la contratación de interinos para cubrir puestos vacantes, en lugar de llevar a cabo procesos de selección reglados. Este sindicato ha sido el único en asumir el reto de llevar al Ayuntamiento ante la Justicia por la violación sistemática de las normas para cubrir las vacantes. Según CSIF, pese a las diversas sentencias en su contra, el Ayuntamiento sigue ignorando la legislación vigente, "lo que le aproxima cada vez más a un precipicio de impredecibles consecuencias".

Desde noviembre de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y los tribunales Contencioso-Administrativos han emitido una serie de sentencias que anulan nombramientos directos llevados a cabo por el Ayuntamiento sin mediar concurso entre el resto de funcionarios. Estas decisiones judiciales parecen marcar un giro hacia una mayor transparencia y legalidad en los procesos de contratación en el ámbito público.

 


 

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