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En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo de Cádiz, tres individuos han sido detenidos en Algeciras bajo la acusación de simular altas a la Seguridad Social. Este engaño tenía como principal objetivo facilitar la adquisición de permisos de residencia y empleo a ciudadanos extranjeros. Además, seis personas más han sido detenidas por infracción a la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.

Durante el mes de septiembre, la Policía Nacional ha efectuado 11 inspecciones en diferentes establecimientos de Algeciras, identificando a un total de 108 personas. Estos procedimientos se realizan en el marco del Convenio de colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, orientados a combatir el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

En una inspección específica a un centro laboral en Algeciras, se descubrieron diversas anomalías relacionadas con las altas en la Seguridad Social de los trabajadores. El dueño del establecimiento habría falsificado contratos laborales para justificar medios de subsistencia en tres solicitudes de permisos de residencia y trabajo a ciudadanos foráneos, presentadas en la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz. Este hallazgo culminó en la detención de tres personas por su presunta implicación en dichas actividades ilícitas.

Paralelamente, se arrestó a otros seis extranjeros por encontrarse en situación irregular en España. Estas personas laboraban en la construcción de un restaurante junto a otros siete trabajadores extranjeros, quienes no estaban registrados en la Seguridad Social y, por ende, carecían de las protecciones fundamentales establecidas por el Estatuto de los Trabajadores.

Las recientes acciones reflejan la creciente preocupación ante la aparición de empresarios que, buscando beneficios, simulan altas en la Seguridad Social para conseguir prestaciones y permisos de manera indebida, o que emplean a trabajadores sin formalizar su situación laboral, aprovechándose de su vulnerabilidad para imponer condiciones laborales desfavorables.

La erradicación de estas prácticas fraudulentas y del empleo en negro es crucial, ya que propician una economía sumergida que perjudica tanto a trabajadores como a consumidores y otros empresarios que sí actúan conforme a la ley. Estos últimos enfrentan una competencia desleal al no poder equiparar sus costes con aquellos que evaden sus responsabilidades.

Esta investigación ha sido llevada a cabo por la Brigada de Extranjería y Fronteras - Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría de Policía Nacional en Algeciras (Cádiz).

 


 

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