La Delegada Territorial de Educación de Cádiz, Isabel Paredes, defendió en Onda Cádiz Radio que "ningún centro educativo de Cádiz supera la ratios establecida en la normativa vigente". Esta afirmación se encuentra en contraposición con la evidencia proporcionada por Ustea Cádiz.
Se debe resaltar que existe una Comisión de Garantías de Escolarización, que obtiene información sobre los datos educativos de la provincia. Dicha comisión, el curso anterior, sólo se reunió en marzo y no ha vuelto a hacerlo desde entonces. Esta falta de reuniones se presenta como un ejemplo de "la falta de transparencia y oscurantismo con el que la Delegada Provincial, Isabel Paredes, quiere llevar el tema de escolarización", según Ustea Cádiz.
Resulta inquietante que, mientras la Delegada asegura en los medios que no hay aulas masificadas en Cádiz, existen centros de primaria con más de 25 estudiantes. Desde Ustea señalan ejemplos concretos de superación de ratios, como el CEIP Fernando Gavilán de Ubrique, con un 2º de Primaria a 27 alumnos o el CEIP Reina Sofía, con un 2º de Primaria a 26. Asimismo, en el CEIP Tierno Galván, hay una unidad con 6 alumnos con Trastorno de Espectro Autista, superando el límite reglamentario.
A medida que avanzamos en las etapas educativas, la situación parece empeorar. En el IES Doñana de Sanlúcar de Barrameda, las clases de 3º de ESO llegan a tener 32 alumnos. En el IES Zaframagón de Olvera, segundo de Bachillerato agrupa a 42 estudiantes, excediendo el límite permitido. En el IES Francisco Pacheco, todas las clases de 4º de ESO cuentan con 31 estudiantes, mientras que sus bachilleratos llegan a 37.
Ustea Cádiz es enfático al mencionar que "ninguna de esas aulas nombradas cumplen con las circunstancias de la excepcionalidad en el aumento de la ratio hasta un 10% definidas en la normativa andaluza", categorizándolas como completamente ilegales. Con un llamamiento firme, desde Ustea Cádiz se exige una reunión de la Comisión de Escolarización y se insta a la Delegada de Desarrollo Educativo a revertir esta situación y a asignar los recursos necesarios para corregir estas condiciones ilegales en los centros educativos de la provincia.
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