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El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha emitido un Bando Municipal que impone restricciones en el uso de agua potable para hacer frente a la situación de excepcional sequía declarada en la demarcación hidrográfica del Guadalete-Barbate. La alcaldesa María José García-Pelayo ha informado que las medidas buscan una reducción del 20% en el consumo de agua urbano e industrial, siguiendo las directrices de la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del 24 de octubre.

El teniente de Alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha enfatizado que, pese a la disminución de precipitaciones y aportes hídricos, la calidad del servicio de abastecimiento no se ha visto mermada. Sin embargo, el Gobierno local insta a la ciudadanía y al sector empresarial a un uso más eficiente y responsable del agua.

El Bando contempla la restricción de agua potable en actividades no esenciales, como el llenado de piscinas privadas o públicas sin sistemas de recuperación y el riego de jardines y campos de golf, entre otros. Además, el riego de parques y jardines se efectuará exclusivamente con agua no potable.

Aquajerez habilitará un teléfono gratuito para consultas y reportes sobre pérdidas o uso indebido de agua, en un esfuerzo por actuar preventivamente antes de aplicar sanciones. Paralelamente, se lanzarán campañas mediáticas para promover la colaboración ciudadana en la conservación de agua.

Jaime Espinar también anunció que la Junta de Andalucía revelará próximamente una inversión para corregir fugas en el embalse de Guadalcacín y que el Ayuntamiento solicitará fondos del PERTE del agua para modernizar sistemas de riego obsoletos.

La nueva normativa obliga a los usuarios a reducir un 20% su consumo respecto al promedio de los últimos cinco años, con un estándar de 100 litros por habitante y día para nuevos suministros domésticos. Se prohíbe el uso de agua potable en una serie de circunstancias específicas y se reducirá la presión del suministro en horarios determinados para minimizar pérdidas.

El Gobierno local está trabajando en una Ordenanza de Sequía que establecerá sanciones específicas, previendo su aprobación en Pleno en diciembre, para que tras el periodo de alegaciones, pueda aplicarse en febrero. La Policía Local tendrá la función de vigilar y hacer cumplir las disposiciones del Bando.

 


 

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