La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su firme oposición a la propuesta de "comarcalizar" los juzgados de violencia sobre la mujer en la Bahía de Cádiz. Esta iniciativa, impulsada por la Administración autonómica bajo directrices del Ministerio de Justicia, busca trasladar las competencias sobre casos de violencia de género de los juzgados de San Fernando y Puerto Real a la capital gaditana.
La medida, que sigue el precedente establecido en el Campo de Gibraltar, ha generado preocupación entre diferentes sectores. CSIF argumenta que esta experiencia previa en Algeciras ha sido "nefasta", citando numerosas quejas de víctimas, familiares y trabajadores. En Algeciras, la reestructuración resultó en la reducción del personal y jueces asignados a estos casos, lo que ha incrementado la carga de trabajo y afectado la calidad del servicio judicial.
El sindicato señala que las víctimas y sus familiares, así como los testigos, enfrentan considerables desafíos, incluyendo desplazamientos largos y esperas prolongadas en condiciones inadecuadas. Este cambio no solo impacta a las víctimas, sino también a los empleados de los juzgados, quienes han experimentado un aumento en el estrés y problemas relacionados con la salud debido a jornadas laborales extensas y falta de regulación.
Manuel Lobato, responsable de Justicia de CSIF Cádiz, enfatiza los efectos negativos de esta situación tanto en los funcionarios judiciales como en la administración de la justicia en general. El sindicato demanda un esfuerzo conjunto de las distintas administraciones para optimizar la gestión de personal, evitando perjuicios para la ciudadanía y los trabajadores.
La decisión de "comarcalizar" los juzgados de violencia sobre la mujer en Cádiz plantea un debate significativo sobre la efectividad y las repercusiones de tal medida en el sistema judicial y en el bienestar de las víctimas y trabajadores implicados.
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