El secretario general del PSOE de Cádiz y presidente del Grupo Socialista en la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, ha lamentado que la respuesta por parte del Gobierno provincial a las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista al reparto del remanente de Diputación, “33 millones que han sido distribuidos de una manera sectaria e injusta”, se haya centrado en cuestiones formales, sin llegar a entrar en el fondo de la cuestión sobre el incumplimiento de la Ley de Subvenciones al no publicarse las bases del reparto y de los artículos 14 y 24 de la Constitución sobre la igualdad.
Como viene reclamando el PSOE desde “una oposición constructiva y fiscalizadora”, en palabras de Ruiz Boix, “debería de haberse realizado un uso adecuado, equilibrado de los fondos públicos de esta casa con destino a las competencias que le son propias”. Y en este sentido, ha lamentado el caso omiso que han hecho “al expediente con el mayor número de alegaciones de la historia por parte de municipios que se han sentido ofendidos y maltratados en ese reparto discreccional y arbitrario”. “Mi trabajo es defender los intereses de los gaditanos y las gaditanas y confrontar con los partidos políticos”, ha dicho, precisando que “no se trata de cuestionar informes técnicos que se han centrado exclusivamente en la legitimación activa de los solicitantes y la motivación de la urgencia”.
Ruiz Boix le ha pedido a la presidenta “equidad” y rigurosidad a la hora de aplicar el reglamento pues ha estado limitando el tiempo de intervención del portavoz socialista en tres minutos cuando le correspondían cinco, cortando incluso el sonido, y de la misma manera le ha exigido que responda a las preguntas que se le realizan porque está obligada a ello y hasta ahora hay preguntas a las que no ha respondido como las referidas al “efímero fichaje por una semana” del líder de Adelante Andalucía, Fran Romero, así como sobre la ex concejala de Ciudadanos, Montserrat Barroso, ésta sí actualmente en activo dentro de los puestos de confianza del equipo de Gobierno. Ruiz Boix las ha vuelto a realizar hoy in voce, cuestionando si responden a pagos de pactos políticos con el dinero público de los gaditanos.
De nuevo las tres mociones de calado social que ha presentado el Grupo Socialista al Pleno han sido aprobadas con el respaldo de no todos los grupos políticos de la Corporación. Es lo que ha pasado con la propuesta que defendió Ruiz Boix para apoyar el mantenimiento de la Residencia de Tiempo Libre de La Línea que salió adelante con los votos de PSOE y La Línea 100X100 más IU, frente a la abstención del PP que “echaba así por tierra en menos de 120 días” un compromiso asumido dentro del pacto que ha alumbrado al nuevo Gobierno en la institución provincial. El líder socialista ha vaticinado que las instalaciones permanecerán cerradas más de cuatro años y lamentado la incertidumbre que generan en 88 familias. Precisamente en la moción, se ha instado a la Junta de Andalucía a garantizar la estabilidad laboral de todo el personal y que no se lleve a cabo el anuncio realizado de una posible cesión a una entidad privada de la gestión de las Residencias de Tiempo Libre.
Sí ha sido secundada por todos los grupos una proposición en la que el Grupo Socialista plantea que se solicite al Ayuntamiento de Barbate que ofrezca los terrenos necesarios para llevar a cabo la construcción y equipamiento de una residencia de mayores, y a la Junta de Andalucía, el concierto social de plazas para la prestación de los servicios de atención residencial, a personas mayores en situación de dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La diputada Loli Varo ha puesto de manifiesto la necesidad de la implicación de la Diputación, solicitando a la presidenta en el turno de ruegos que atienda a la plataforma creada con ese fin así como que se garantice incluir una partida en los próximos presupuestos provinciales que permita el desarrollo del proyecto.
De la misma manera todos los grupos han respaldado la tercera moción del Grupo Socialista sobre la Residencia escolar Rancho de Colores en Jerez destinada a alumnos con problemas de audición. Han emplazado así a la Junta de Andalucía a estudiar las necesidades y acometer las mejoras necesarias para este centro dentro del Plan de Infraestructuras Educativas 2020-2027. Reclaman a la Junta de Andalucía un informe técnico urgente que certifique que estos centros tienen todas las garantías y condiciones de seguridad para su uso y si no, que busque alternativas para la reubicación del personal y alumnado en Jerez, además de pedir a la administración competente que estudie la realización de obras de reparación y mejora del vial de acceso al centro.
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