Los diputados del Partido Popular (PP) de Cádiz, Pedro Gallardo, Ignacio Romaní y Macarena Lorente, han manifestado su firme oposición a la Ley de Amnistía propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez. Durante el análisis del inicio de la actividad parlamentaria de este año, han destacado la importancia de esta legislatura para el futuro de la provincia, considerando que está "muy condicionado por la política socialista de cesiones a independentistas a cambio de mantenerse en el poder".
Los representantes del PP han expresado su preocupación por el "déficit de atención" del Gobierno Central hacia Cádiz, resaltando que la provincia necesita especial atención en materia de empleo e infraestructuras. Han enfatizado que la política de desigualdades impulsada por Pedro Sánchez pone en peligro el desarrollo y el futuro de Cádiz, así como de toda España, estableciendo "españoles de primera y segunda categoría".
Romaní ha señalado que "la Ley de amnistía es el mayor agravio que se puede hacer a los gaditanos y españoles porque rompe un principio de igualdad que debe ser jerárquico y que ampara la Constitución". Por su parte, Macarena Lorente ha criticado el proceso de tramitación exprés de la Ley de Amnistía, acusando al gobierno de priorizar los intereses de sus socios políticos sobre los de la ciudadanía.
El PP de Cádiz ha reiterado su rechazo a la ley de amnistía, considerándola un ataque al Estado de derecho, a la Constitución, a la separación de poderes y a la igualdad de los españoles ante la ley. Lorente ha recalcado que "todos estamos obligados a someternos al mandato de la Ley y ningún partido ni político puede estar por encima de ella".
En respuesta, el PP ha presentado una enmienda a la totalidad a la Ley de Amnistía, proponiendo el delito de deslealtad constitucional. Esta propuesta busca castigar a autoridades y funcionarios que promuevan o inciten a la vulneración de la ley, tipificar la convocatoria de referéndums y consultas ilegales y la declaración de independencia de una parte de España. Según el PP, esta medida es esencial para proteger al Estado frente a aquellos que buscan atentar contra él y asegurar el interés general de todos los españoles.
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