La Universidad de Cádiz (UCA) ha recibido un significativo impulso financiero y estabilidad gracias al nuevo modelo de financiación implementado por la Junta de Andalucía, según resalta Pilar Pintor, parlamentaria andaluza y vicesecretaria del Partido Popular de Andalucía. Este modelo ha permitido aumentar en un 20% la financiación universitaria en Andalucía desde 2018, asegurando no solo un incremento en las transferencias anuales sino también mayor previsibilidad en los fondos disponibles para las instituciones educativas, lo que facilita una planificación más eficiente.
Pintor destacó que Andalucía invierte cerca del 1% de su Producto Interno Bruto (PIB) en el sistema universitario público, el porcentaje más alto entre las regiones españolas, lo que evidencia el compromiso del gobierno regional con la educación superior. Además, señaló el aumento de la inversión en las universidades públicas hasta alcanzar los 1685 millones de euros en 2024, lo que representa un incremento del 23% respecto a 2018. En particular, la UCA ha disfrutado de 807 millones de euros entre 2019 y 2023, incluyendo 780 millones en transferencias de financiación y 23 millones en ayudas para investigación y desarrollo.
Pintor criticó la falta de iniciativas políticas anteriores para afrontar la financiación de las universidades públicas y elogió la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, por establecer un modelo de financiación consensuado con rectores, sindicatos, estudiantes y consejos sociales, superando así los años de recortes y deudas con las instituciones educativas.
La parlamentaria también se refirió a medidas adicionales para garantizar el acceso igualitario a la educación superior, como la reducción del precio de los másteres habilitantes, el aumento de las ayudas al programa Erasmus Plus y el destinar el 1% de las plazas universitarias a jóvenes en riesgo de exclusión social.
Finalmente, Pintor adelantó que el Plan Extraordinario de Infraestructuras 2024-2027 destinará más de 30 millones de euros a la UCA, y mencionó la actualización de la oferta formativa a través del Decreto de Ordenación de Enseñanzas, con el fin de alinearla con las demandas actuales del mercado laboral.
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