El Ayuntamiento de Conil ha anunciado la creación de una Mesa por el Agua que solo incluye a miembros del equipo de gobierno, excluyendo a colectivos ciudadanos como agricultores, empresarios, ecologistas, restauradores y hosteleros. La alcaldesa ha declarado que «el trabajo conjunto desde lo local es una premisa para la implantación de medidas dirigidas a una reducción de un consumo, pero sobre todo a una realidad en la que se haga tangible esa reducción gracias a la concienciación». Esta declaración ha sido criticada por su falta de concreción y por delegar toda la responsabilidad en la concienciación ciudadana sin medidas específicas del Ayuntamiento.
Por parte de Ecologistas en Acción se critica que el Ayuntamiento debería actuar basándose en: "analizar el consumo actual, conocer los recursos de que se disponen, tanto procedentes del Consorcio de la Zona Gaditana, como de los acuíferos y sus correspondientes pozos, y hacer una previsión de consumos y demandas para los próximos meses, especialmente en Semana Santa y verano, y con estos datos, diseñar medidas de contención del gasto y ahorro". Además, se propone que el Ayuntamiento debería "limitar el consumo urbano (por habitante y día) y reducir o prohibiendo otros usos suntuarios como las duchas de la playa".
El Ayuntamiento también ha sido señalado por no cumplir con la obligación legal de elaborar un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía, según lo estipulan la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional y la Ley 9/2016 de Aguas de Andalucía. Estas leyes requieren que las administraciones públicas responsables del abastecimiento urbano en poblaciones de más de 20.000 habitantes cuenten con un plan que detalle la gestión de riesgos y medidas para mitigar los efectos de la sequía. Conil, con una población superior a 20.000 habitantes, "ignora este plan, incumple una ley estatal y otra autonómica, pero monta una Mesa sin capacidad de gestión, sin proyecto ni objetivo claro y sin participación".
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