La Junta de Andalucía ha destinado más de 2,3 millones de euros para financiar el sistema de Justicia Gratuita en la provincia de Cádiz durante el último trimestre de 2023. Este importe forma parte de un total de 12.127.207,19 euros distribuidos a los consejos andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores para compensar los servicios prestados en este ámbito.
Del total destinado a Cádiz, 168.046,32 euros se han asignado para cubrir los servicios de turno de oficio realizados por los procuradores, distribuidos entre el Colegio de Cádiz y el de Jerez. Por otro lado, los abogados de la provincia han recibido 2.200.440,87 euros, destinados a cubrir tanto las asistencias de turno de oficio como las guardias realizadas en el periodo de octubre a diciembre de 2023.
Esta financiación se ha hecho efectiva tras la comprobación de las certificaciones presentadas por los profesionales, sin que se registraran errores en ellas. Los pagos fueron procesados el 6 de febrero al Consejo Andaluz de Procuradores y el pasado viernes para los abogados, después de recibir las certificaciones del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) el 31 de enero.
La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Bertón, ha subrayado la relevancia de estos profesionales en el sistema de Justicia Gratuita, resaltando su papel en la garantía de asistencia jurídica profesional a la ciudadanía.
Además, se ha anunciado que el próximo pago a estos profesionales, correspondiente al primer trimestre del año, se realizará bajo una nueva Orden que regula las compensaciones económicas y que ya ha entrado en vigor el 1 de enero. Esta normativa actualiza las retribuciones por primera vez desde 2009 e incluye compensaciones por servicios que anteriormente no estaban cubiertos, como el asesoramiento en procesos de mediación y el trabajo a requerimiento judicial, incluso cuando la persona atendida no cumpla los requisitos para obtener un abogado de oficio. También se destaca el aumento de las cuantías por las guardias en 2023 y la inclusión de más de 7.500 guardias especializadas para atender a víctimas de violencia de género.
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