El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, José Ramón Ortega, ha expresado su preocupación por una propuesta que implicaría un aumento del 100% en el precio del agua en la ciudad, responsabilizando directamente a Bruno García, presidente provincial del PP, por esta situación. Ortega sugiere que García debería influir en su partido para reconsiderar esta medida que describe como excesiva.
Desde el PSOE, se planea presentar una moción en el próximo pleno municipal para solicitar la paralización de este incremento. Ortega argumenta que la carga económica no debería recaer en los ciudadanos de Cádiz debido a la falta de inversión de la Junta de Andalucía en infraestructura hidráulica. Subraya que la responsabilidad de realizar las mejoras necesarias y el mantenimiento no ha sido asumida adecuadamente por la Junta.
El concejal insiste en que Bruno García tiene la oportunidad y la responsabilidad de utilizar su influencia para proteger los intereses de los ciudadanos de Cádiz, en vez de ocultar las deficiencias de la Junta. Ortega considera que cualquier ajuste en las tarifas del agua debería postergarse hasta que la Junta cumpla con sus compromisos en materia de infraestructura hidráulica.
Ortega también ha recordado la reacción del PP frente a aumentos anteriores en el precio del agua, contrastando la postura actual del partido con su crítica a incrementos mucho menores en el pasado. Critica la aparente incongruencia en la actitud del PP, acusándolos de priorizar la defensa de la Junta por encima de los intereses económicos de los habitantes de Cádiz.
Adicionalmente, el PSOE propone que, en caso de aprobarse alguna subida, se diferencie entre el consumo doméstico y el comercial, especialmente en las Viviendas con Fines Turísticos, las cuales, según una propuesta socialista ya aprobada, deberían enfrentar tarifas acordes a su naturaleza comercial.
En conclusión, Ortega advierte que si Bruno García y su partido continúan apoyando esta subida, demostrarán en el debate plenario su preferencia por proteger a la Junta en detrimento de los ciudadanos de Cádiz, cuestionando la autenticidad del compromiso social que el PP proclama.
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