La plataforma de vecinos del Cerro del Moro ha denunciado que la Junta de Andalucía pretende "incumplir su compromiso inicial de rehabilitar las viviendas que llevan esperando hace más de 30 años". Este cambio de planes ha llevado a los vecinos a una situación de grave indefensión, según han manifestado durante una reunión mantenida con el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, el portavoz de Adelante Andalucía Izquierda Gaditana, David de la Cruz, y la concejala Helena Fernández.

García ha asegurado que elevará esta situación a la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, en la sesión de control del próximo jueves, destacando que los vecinos están siendo obligados a "malvender sus viviendas para que no se les caiga la casa encima". Según García, la consejera de Vivienda está "chantajeando a los vecinos, haciendo el papel de asusta viejas que hacen los grandes fondos de inversión y tenedores, asustando a vecinos en riesgo de exclusión para que se vayan de sus casas o se les caiga encima".

El portavoz de Adelante Andalucía ha calificado este chantaje como "una barbaridad viniendo además del partido defensor de la propiedad privada", criticando que todo esto es para evitar asumir un coste de 3 millones de euros en arreglar las viviendas, que es "lo que se gasta el Gobierno de Moreno Bonilla en dos años en pagarle ayudas de alquiler a sus altos cargos".

David de la Cruz ha acusado a la Junta de Andalucía de actuar "como una inmobiliaria especulativa" en lugar de como una administración pública para la ciudadanía. De la Cruz ha exigido que la Junta "dé marcha atrás y renuncie, si es necesario, a la subvención europea, acometa la obra y devuelva a los vecinos sus viviendas en las condiciones comprometidas inicialmente con el barrio y que les llevó a comprar como condición obligatoria sus actuales viviendas en ruina técnica".

Por último, el portavoz gaditano ha denunciado que "los vecinos no pueden quedarse sin propiedad tras sufrir durante años sus infraviviendas y la dejación del barrio", recordando que "este mismo año han sufrido el cierre del colegio Adolfo de Castro, el cierre por varios meses del comedor social Amigas al Sur, del que depende un centenar de familias, y ahora ven peligrar el mantenimiento de sus viviendas que compraron con mucho sacrificio". Además, ha señalado que este caso "tiene un componente de clasismo" porque "esto no lo hace el PP con los vecinos del barrio de Salamanca, por ejemplo, sino con las personas más vulnerables de la ciudad".

 


 

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