El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel, respondió a la noticia publicada por Diario de Cádiz sobre el riesgo que implica modificar el contrato de limpieza para incorporar vehículos eléctricos. Teruel aclaró que “nuestra intención era clara, seguir con el cambio a eléctricos de los vehículos de limpieza, pero ante todo lo primordial era garantizar el funcionamiento del contrato de limpieza que ya se adjudicó herido de tantos recursos (que aún sigue judicializado incluso)”.
Teruel subrayó que desde el equipo de gobierno se respetan las decisiones de los habilitados del ayuntamiento, quienes son los garantes del cumplimiento de las normas y aseguran que todos los expedientes estén legalmente informados. “Desde este equipo de gobierno respetamos a los habilitados del ayuntamiento que son los garantes de que se cumplan las normas y todos los expedientes vayan informados por ellos para que no haya resquicio legal”, indicó.
Respecto a la modificación del contrato para cambiar a vehículos eléctricos, Teruel destacó que los habilitados han sido tajantes. “La intención del equipo de gobierno anterior era buena y la compartíamos al 100%, pero legalmente podría haber llevado a la anulación del contrato de limpieza con lo que esto hubiera conllevado para la ciudad”, concluyó Teruel.
Un informe de la Secretaría municipal ha sido determinante para que el Ayuntamiento de Cádiz reconsidere su plan de modificar el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos para incorporar vehículos 100% eléctricos en lugar de los propulsados por gas natural licuado, que fueron los ofertados por Valoriza en la licitación, según la información publicada en Diario de Cádiz.
El cambio en la flota de vehículos, especialmente en lo relativo a los camiones de recogida de basura, implicaba una docena de vehículos para la recogida lateral en extrarradio y en ronda del casco histórico, y otros seis para el interior del centro de la ciudad, abarcando camiones destinados a carga lateral y de carga trasera.
El informe señala que una modificación de tal magnitud del contrato podría resultar en una “declaración de nulidad”, lo cual llevaría a indemnizaciones millonarias y a la necesidad de iniciar un nuevo proceso de licitación. Este riesgo es considerable dado el contrato en vigor con la empresa adjudicataria, Valoriza, hasta el 31 de enero de 2023.
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