La Abogacía Española ha solicitado una tipificación específica de la violencia económica contra los menores que permita su erradicación, destacando que no basta con considerarla un delito de coacciones debido a su complejidad. Esta petición ha sido una de las principales conclusiones de las 'I Jornadas Nacionales de Menores y Adolescencia', celebradas en Cádiz bajo el lema 'Protegiendo infancia, defendiendo derechos'.
Las conclusiones de las jornadas subrayan que "el problema de la violencia vicaria debe abordarse desde la prevención y evitar que los casos se conozcan cuando es demasiado tarde". Asimismo, hacen un llamamiento a prestar atención a los delitos de odio y el acoso escolar, insistiendo en que "los medios de comunicación tienen que asumir el compromiso del tratamiento adecuado de las noticias que afectan a los menores".
Otra de las recomendaciones destacadas es que la separación del niño de su familia y su traslado a un centro de menores debe considerarse como el último recurso en la protección infantil, y no la primera opción. Se ha señalado que "el sistema es prepotente cuando una administración trabaja sin que un juez de garantías intervenga".
Se ha planteado también la necesidad de una revisión procesal de la declaración de desamparo, criticando que las resoluciones actuales de la administración "no están garantizando en este momento la igualdad de partes". Se propone un procedimiento más ágil, con la adopción de medidas cautelares mientras se sustancia el proceso principal, y se sugiere que este procedimiento se lleve a cabo a través de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, bajo la competencia de los Juzgados de Primera Instancia, no necesariamente los Juzgados de Familia.
El documento final de las jornadas aboga por hacer accesible la justicia a los menores con discapacidad, eliminando barreras físicas y utilizando un lenguaje comprensible para garantizar que "los niños y adolescentes comprenden lo que sucede". Además, se ha solicitado fomentar la figura del facilitador familiar en los procesos que afectan a los menores con discapacidad, complementando así la figura del facilitador procesal.
También se ha instado a que los centros de reforma de menores sean gestionados por la Administración, con un adecuado acompañamiento jurídico. Para ello, se considera fundamental la creación de un Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica específico en estos centros, integrándose dentro del marco de la justicia gratuita.
El objetivo de estas jornadas es contribuir a la elaboración de contenidos para el próximo Congreso Mundial de Justicia y la Niñez, previsto para el año próximo en España. Las conclusiones fueron leídas por José Carlos Arias, presidente de la Subcomisión de Menores de la Abogacía; Federico Fernández, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de la Abogacía y decano de Jerez; José Adolfo Baturone, decano de Cádiz y anfitrión de las jornadas; y María Pastor, vicesecretaria general de la Abogacía Española.
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