La suspensión cautelar de la licitación del servicio de Ayuda a Domicilio en Cádiz, ordenada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz, ha generado una serie de reacciones tanto desde el equipo de gobierno como desde la oposición. La decisión del tribunal se produce tras los recursos presentados por asociaciones empresariales que argumentan la existencia de inseguridad jurídica en el pliego y cuestionan su dotación económica. Este proceso ha dejado en incertidumbre a las trabajadoras del servicio, un colectivo que ha demandado mejoras laborales desde hace tiempo.
Desde Adelante Izquierda Gaditana, su portavoz Carlos Paradas ha criticado duramente la gestión del alcalde Bruno García y del equipo de gobierno del Partido Popular. Paradas ha señalado que la paralización es consecuencia directa de la “mala gestión” del gobierno local, que no ha sabido afrontar la solución más adecuada para las trabajadoras. “El alcalde lleva un año fardando de una supuesta solución que ahora es un gran problema, y todo desde la irresponsabilidad y el cinismo”, ha declarado Paradas, refiriéndose a la propuesta del pliego. Además, ha insistido en que la mejor opción hubiera sido la municipalización del servicio de Ayuda a Domicilio, ya que, según sus palabras, “es la solución más rentable y conveniente para acabar con la precariedad de la plantilla”.
El portavoz de Adelante ha añadido que, a pesar de contar con más información de la Junta de Andalucía y un marco regulatorio más claro, el Ayuntamiento “ha incurrido en fallos graves” que han generado inseguridad jurídica y dejado en incertidumbre a las trabajadoras. “El alcalde ha estado presumiendo de que es el alcalde más social y que ha dotado muy bien el pliego, diciendo incluso que iba a haber colas de empresas para presentarse al servicio, pero resulta que al final lo que hay son pocas empresas y dos denuncias al Tribunal de Recursos Contractuales”, ha subrayado Paradas, quien además cuestiona que si se sigue aumentando el coste del pliego para garantizar el servicio, “¿por qué no se municipaliza directamente?”. Adelante Izquierda Gaditana defiende que la municipalización “es la opción más lógica” y que, al estar en sintonía con las características del servicio, dignificaría las condiciones de las trabajadoras y sería más rentable.
Por su parte, el grupo municipal socialista, a través de su portavoz Óscar Torres, también ha mostrado su descontento con la situación, criticando que el pliego actual haya quedado paralizado por errores en su dotación económica. Torres ha señalado que las trabajadoras, que llevan años esperando una mejora en sus condiciones laborales, “no pueden volver a la casilla de salida” debido a la mala gestión del equipo de gobierno. El PSOE ha reiterado que la municipalización es la mejor opción y que debe iniciarse lo antes posible. “No se puede permitir que este colectivo, tan precarizado, siga sufriendo las consecuencias de la incompetencia del Ayuntamiento”, ha añadido Torres. Asimismo, ha señalado que el alcalde solo ha reaccionado ante la presión de las trabajadoras cuando estas se manifestaron frente al Ayuntamiento, criticando que su forma habitual de proceder es “escuchar a los trabajadores solo cuando hay una huelga en ciernes”. Torres también ha recordado otros conflictos laborales que se han dado bajo el mandato de Bruno García, como en los servicios de parques y jardines, limpieza viaria o instalaciones deportivas. Para el PSOE, la municipalización no solo beneficiaría a las trabajadoras, sino también a los usuarios, y supondría un alivio para las arcas municipales al eliminar el beneficio industrial y el IVA de las empresas concesionarias.
Desde el Ayuntamiento de Cádiz, el teniente de alcalde de Asuntos Sociales, Pablo Otero, ha defendido con contundencia la legalidad y viabilidad del pliego presentado. Según Otero, la suspensión cautelar es un procedimiento habitual cuando se presentan recursos de esta naturaleza, pero desde el consistorio “se ha entregado toda la información requerida” y ahora “quedamos a la espera”. En el informe remitido al Tribunal, el Ayuntamiento se ha opuesto a la suspensión, alegando que la licitación se ha realizado correctamente y que el pliego cumple con todas las garantías para asegurar el servicio. Otero ha destacado que el pliego cuenta con una dotación económica “suficiente”, en base a los criterios técnicos de Intervención y Contratación, y ha subrayado que el precio por hora del servicio se ha incrementado en un 33% respecto al anterior, con una dotación total de más de 35 millones de euros para los próximos cuatro años, lo que casi duplica el importe del pliego del anterior equipo de gobierno.
Además, Otero ha calificado de “esperpento” las críticas de Adelante Izquierda Gaditana, señalando que el pliego “supera con creces al que ellos querían”. Ha tachado de incoherente la postura de la oposición al atacar una propuesta que “mejora el servicio y las condiciones de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio”, un colectivo que, según Otero, fue mantenido en condiciones indignas por los anteriores gestores. El equipo de gobierno municipal mantiene que el pliego actual garantiza no solo la viabilidad económica, sino también una mejora sustancial en las condiciones laborales de las trabajadoras, y que cualquier paralización es producto de un proceso habitual que no afecta a la legitimidad del proceso de licitación.
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