Delegados de CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, se concentraron el 16 de diciembre de 2024 frente a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, así como en el resto de las capitales de provincia del país. Estas movilizaciones tuvieron como objetivo exigir al Gobierno central la reactivación de la negociación colectiva de las condiciones laborales de los empleados públicos. Entre las principales demandas se encuentran la mejora salarial, la creación de una nueva oferta de empleo público, mejores condiciones de jubilación, reducción de la jornada laboral y la implementación del teletrabajo, entre otras cuestiones. El sindicato denunció que, desde la constitución del actual Gobierno en noviembre de 2023, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas para abordar estas cuestiones fundamentales.
La presidenta de CSIF Cádiz, Mercedes Amézaga, explicó que es "urgente negociar la subida salarial del próximo año y un nuevo acuerdo salarial", ya que el vigente caduca a finales de 2024 y ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 6 % desde 2022. Asimismo, señaló la necesidad de una oferta de empleo público para 2025, especialmente teniendo en cuenta que el Gobierno no ha logrado aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
En el ámbito de las retribuciones, el Tribunal Constitucional admitió el 2 de diciembre de 2024 un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados de no tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el sindicato. Esta iniciativa busca recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, aplicados durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El alto tribunal consideró que el caso tiene "especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y podría tener unas consecuencias políticas generales". En consecuencia, requirió a la presidenta del Congreso que remita la certificación del expediente en un plazo de 10 días.
Según datos de CSIF, los recortes salariales vigentes desde 2010 han causado que los empleados públicos hayan trabajado entre 13 y 18 meses sin remuneración, dependiendo del grupo profesional al que pertenezcan. Esta situación ha derivado, además, en una pérdida del 20 % del poder adquisitivo acumulada desde entonces. Un estudio reciente elaborado por el sindicato reveló que los empleados de la Administración General del Estado perciben una media de 8.000 euros menos al año que los trabajadores de las comunidades autónomas y ayuntamientos que desempeñan las mismas funciones. La desigualdad retributiva alcanza una media de 8.690 euros anuales para los funcionarios y 7.380 euros para el personal laboral.
Para corregir estas desigualdades, CSIF estima que es necesaria una dotación adicional de 1.487 millones de euros, repartidos entre 2025, 2026 y 2027, con el objetivo de alcanzar la igualdad salarial plena en 2028. Además, el sindicato insiste en la necesidad de eliminar la tasa de reposición para garantizar que se cubran todas las jubilaciones anuales, así como en la importancia de establecer una jornada laboral de 35 horas semanales en todo el país. También demandan la implementación de la carrera profesional en todas las administraciones públicas, la mejora de las condiciones del teletrabajo y una regulación definitiva que permita la jubilación parcial para los funcionarios y el personal estatutario.
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