La Junta de Andalucía avanza con la construcción de la séptima fase de la promoción de viviendas del Cerro del Moro pese a las denuncias de los vecinos afectados, quienes aseguran que el proyecto se desarrolla "con absoluta falta de transparencia" y sin llegar a acuerdos con ellos. Según la Plataforma 7ª Fase Cerro del Moro, la administración habría modificado de forma "unilateral" las condiciones de la promoción, lo que implica que los propietarios pierdan su propiedad para ser relegados a un régimen de alquiler bajo términos "claramente lesivos para sus derechos".
Los vecinos denuncian sentirse coaccionados por las opciones que les presenta la Junta. Según indican, solo se les permite "vender a precio de saldo sus viviendas o quedarse en las actuales, calificadas como ruinosas". Además, aseguran que se les ha advertido que, si eligen permanecer en sus hogares, "se les enviará una inspección técnica" y deberán asumir los costes de rehabilitación por cuenta propia. En caso de que algunas viviendas queden desocupadas, "serán tapiadas", lo que generará el "aislamiento de los vecinos que no acepten las condiciones".
Enrique Estevez, portavoz de la Plataforma 7ª Fase Cerro del Moro, afirmó que "estas viviendas se encuentran en un estado ruinoso y sin posibilidad de rehabilitación". Los afectados consideran que las medidas impuestas por la Junta son "una presión inaceptable" y recalcan que las administraciones no han mostrado interés en buscar soluciones consensuadas. "El sentimiento de abandono es más que evidente", añadieron, subrayando que "nadie quiere afrontar un problema que tiene soluciones factibles".
Los vecinos también señalan directamente al presidente de la Junta de Andalucía como el "máximo responsable" de esta situación y critican al alcalde por haberse "posicionado junto a la Junta" en lugar de brindar apoyo a los afectados. Durante el pleno ordinario del mes de julio, la plataforma pidió explícitamente amparo al Ayuntamiento, pero afirman que sus demandas no fueron atendidas.
Finalmente, los residentes denunciaron la "nula disponibilidad" de los representantes de la Junta de Andalucía para reunirse con ellos, a pesar de las reiteradas solicitudes. En opinión de la plataforma, "la solución a este conflicto es política", y piden que se rectifiquen las medidas que consideran perjudiciales para su calidad de vida y derechos.
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