La Confederación Española de Asociaciones de Comerciantes de Cascos Históricos (COCAHI) ha presentado una solicitud al Gobierno de España y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la que exige la anulación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) hasta el 2035. Esta medida tiene una especial relevancia para Cádiz, donde se prevé la implantación de una ZBE en el casco antiguo a finales de este año.
COCAHI defiende la importancia del comercio físico y de proximidad, considerándolo esencial para la vida en las ciudades. Según la Confederación, la instauración de las ZBE está afectando negativamente la actividad comercial en los centros urbanos y cascos históricos, en un contexto económico ya complicado.
José Manuel Bello Rey, presidente de COCAHI, señaló que si la Unión Europea permite la fabricación de coches de combustión hasta 2035, "no tiene ningún sentido que en España se implanten obligatoriamente estas ZBE". En este sentido, hizo hincapié en la contradicción de tener grandes centros comerciales en la periferia con amplios aparcamientos, mientras los cascos históricos, como el de Cádiz, ven limitada su accesibilidad.
El casco antiguo de Cádiz ya está en pleno proceso de transformación para ser una ZBE, con una inversión superior a los dos millones de euros y financiación de los Next Generation. Está previsto que este sistema entre en funcionamiento a finales de 2023, con un sistema de vigilancia de unas 30 cámaras y un software específico.
La solicitud de COCAHI resalta la preocupación de los comerciantes, autónomos y ciudadanos que, ante la subida de precios en alimentos, luz y otros productos básicos, ven un obstáculo más en la adquisición de vehículos compatibles con las ZBE.
Cádiz, que se encuentra entre las ciudades que están avanzando en la creación de estas zonas, tendrá que sopesar las demandas de la Confederación y los objetivos medioambientales y de movilidad previstos por el Gobierno central.
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