La devolución de 112 millones de euros de Fondos Europeos por parte del Gobierno andaluz ha generado un cruce de acusaciones entre el gobierno central y la Junta de Andalucía. Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) ha realizado un llamamiento al diálogo y a la responsabilidad política, solicitando al Ministerio de Educación y Formación Profesional que permita el uso de los fondos devueltos para garantizar la gratuidad del primer ciclo de educación infantil dentro del modelo educativo público andaluz.
Tras las declaraciones de la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, sobre la devolución de los fondos destinados a la creación de plazas públicas, ECA ha destacado que esta decisión "se produjo con el apoyo de una amplia mayoría del sector del Primer Ciclo de Infantil y después de agotar el diálogo acerca de un cambio de destino de los fondos que permitiera su empleo en la financiación de la gratuidad de esta etapa educativa".
El modelo actual de Educación Infantil en Andalucía, desarrollado con anteriores gobiernos, incluye más de 2.200 centros que ofrecen sus plazas al sistema educativo público, con más de 100.000 niños escolarizados y más de 15.000 docentes, en su mayoría mujeres. Según ECA, Andalucía cuenta con una de las tasas de escolarización más altas del Estado, pero "la realidad demuestra que Andalucía no necesita la creación de nuevos puestos escolares en una etapa cuya red actual cuenta con más de 37.000 vacantes". El problema, señalan, no es la falta de plazas, sino el "precio del servicio".
Aunque el porcentaje de bonificación del precio público supera actualmente el 70%, ECA aboga por la gratuidad total de esta etapa para asegurar que no existan "obstáculos económicos para aquellas familias que deseen acceder a un puesto escolar". Además, recalcan que "el primer ciclo de educación infantil ha demostrado ser una etapa clave para el futuro éxito escolar del alumnado, además de permitir a las familias una adecuada conciliación".
Por ello, desde Escuelas Católicas de Andalucía exigen que "cese su uso como arma política" y que se permita a la Administración autonómica utilizar estos fondos con la finalidad que las familias andaluzas requieren: la gratuidad total de la etapa educativa. Asimismo, instan al Gobierno Andaluz a presentar "a la mayor brevedad su hoja de ruta para garantizar la gratuidad de esta etapa educativa que debe quedar plasmada en los presupuestos de 2025".
Escuelas Católicas de Andalucía, organización con representación mayoritaria en la educación concertada de la región, integrando a 400 centros, 16.000 profesionales y más de 260.000 alumnos, defiende que los fondos europeos se destinen a cubrir las necesidades reales de las familias andaluzas en materia educativa.
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