La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Andalucía (ADICAE ANDALUCÍA) ha denunciado la falta de protección de los consumidores frente a los denominados créditos rápidos, según se desprende de un estudio reciente elaborado por la entidad. Este informe detalla que el incumplimiento por parte de las entidades financieras de sus obligaciones para fomentar un crédito responsable está provocando un aumento significativo del sobreendeudamiento en Andalucía.
En el análisis se destaca que el stock de créditos rápidos en la Comunidad Autónoma asciende a 18.500 millones de euros, mientras que la morosidad en el pago de estos créditos alcanza tasas cercanas al 5%. Además, el estudio señala que en 2016 los créditos rápidos se otorgaban con un monto medio de 319 euros, a devolver en un plazo de 25 días, con TAE que llegaban hasta el 59.000%, según una muestra de condiciones generales analizadas en el informe.
El estudio incluye ejemplos concretos como la oferta de créditos de 200 euros a devolver 270,20 euros en un plazo de 90 días, con una TAE del 6.245,02%, o de 300 euros a devolver 426 euros en un plazo de 30 días, con una TAE del 7.025,93%. En este contexto, se observa un incremento del 52,2% en los concursos de personas físicas en Andalucía durante el primer trimestre de 2024, acompañado por un aumento del 29,5% en las reclamaciones judiciales por parte de prestamistas.
ADICAE ANDALUCÍA subraya la "necesidad urgente de tramitación de la ley que debe poner en marcha la autoridad de defensa del Cliente Financiero", con el objetivo de evitar que más personas caigan en estos créditos sin contar con información clara y accesible. Según el informe, "la entrega de información a las personas consumidoras solicitantes de dichos créditos es una obligación de las entidades", que deben proporcionar esta información con suficiente antelación para garantizar que los prestatarios puedan tomar decisiones informadas.
El estudio también hace referencia a la Directiva europea de Créditos al Consumo, aprobada en 2023, que exige a las entidades financieras ser transparentes en cuanto a la TAE, tipo deudor y gastos asociados. Además, establece que las empresas que conceden estos créditos rápidos deben ser supervisadas por entidades nacionales, como el Banco de España en el caso español.
ADICAE ANDALUCÍA insta a las autoridades de consumo andaluzas a intensificar su colaboración para combatir el fraude y la desinformación en la contratación de estos productos, especialmente porque afectan a sectores vulnerables de la población. Asimismo, la asociación espera que la transposición de la Directiva de 2023 a la legislación española se produzca antes de noviembre de 2025, plazo máximo establecido para su aplicación.
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