El sector de la distribución de gases licuados del petróleo (GLP) en España enfrenta una situación límite debido a la falta de actualización de la Orden IET/389/2015, normativa que regula los costes de comercialización de este recurso esencial. La Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP) ha manifestado que esta regulación, vigente desde hace casi una década, no se ajusta al aumento de los costes operativos que han tenido que asumir las agencias distribuidoras. Esta problemática amenaza la continuidad de más de 3.500 empleos y compromete un servicio esencial para 6 millones de hogares en todo el territorio nacional, especialmente en áreas rurales y comunidades vulnerables.
Según la FEDGLP, la fórmula de cálculo utilizada actualmente no refleja el impacto del incremento en salarios, transporte, mantenimiento de flotas y otros gastos esenciales. En el último año, la actualización aprobada fue de apenas 0,01 euros por botella, lo que consideran una cifra simbólica que no aborda la gravedad del problema. Como resultado, las agencias distribuidoras afirman operar a pérdidas, una situación insostenible que ha llevado a la organización de paros semanales del servicio durante los meses de noviembre y diciembre de 2024.
El Ministerio para la Transición Ecológica publicó en noviembre un borrador que reconoce los problemas del sector, pero que propone una actualización insuficiente según las demandas del colectivo. Este último exige un aumento de 1,80 euros por botella para cubrir los costes operativos y asegurar la sostenibilidad del servicio de reparto a domicilio. Esta retribución permitiría a las agencias distribuidoras cumplir con los requisitos de calidad del servicio y con los plazos máximos de 48 horas establecidos para la entrega.
La situación económica del sector se ha visto agravada por el aumento del IVA, las cotizaciones sociales, el precio del combustible y otros costes regulatorios. Además, la normativa vigente prohíbe trasladar el impacto de la inflación y la reducción de la escala de mercado a los precios regulados, manteniendo el precio actual de la bombona en 16,61 euros, el más bajo de Europa. Este valor contrasta notablemente con países como Francia y Portugal, donde el coste del mismo producto es el doble.
El reparto domiciliario de bombonas de butano representa una logística compleja que incluye el transporte de un producto de 25 kg mediante una red de camiones, almacenes y personal altamente especializado. A pesar de su importancia, el servicio opera con una retribución que no se ajusta a la realidad actual del mercado ni a los retos regulatorios y medioambientales previstos.
Con el cierre del período de alegaciones en noviembre, las propuestas ministeriales todavía no han materializado una solución concreta. La FEDGLP ha alertado que, de no implementarse una revisión inmediata, el servicio podría sufrir un deterioro significativo, poniendo en riesgo la distribución de más de 50 millones de bombonas al año. Entre las demandas del sector se incluye no solo una retribución adecuada, sino también medidas para renovar la flota de vehículos, mejorar la digitalización y sentar las bases para la transición hacia energías renovables de cara al horizonte de 2050.
El Real Decreto-Ley 11/22, que congeló el precio máximo de venta de la bombona en 19,55 euros como medida de protección ante la crisis energética, también ha contribuido a esta situación de estancamiento. El sector considera que la actualización de la Orden IET/389/2015 no solo garantizaría la sostenibilidad económica de los distribuidores, sino que además cumpliría con el espíritu de la norma, asegurando un acceso igualitario a este recurso básico para la ciudadanía en zonas rurales e insulares.
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