El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, junto con IDEAS Comercio Justo y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), ha organizado un curso titulado 'Compra pública ética como política de desarrollo sostenible: inclusión de cláusulas éticas y de Comercio Justo en los Contratos Públicos'. El evento se ha llevado a cabo este viernes 31 de mayo en el Centro Social de la Granja y forma parte de la Red de Ciudades por el Comercio Justo, de la cual Jerez es miembro.
Este curso se enmarca dentro del proyecto 'Andalucía Justa y Sostenible: Contribuyendo a la Agenda 2030 desde la contratación y compra pública ética', financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). La actividad ha sido dirigida al personal de las Administraciones Públicas de la provincia de Cádiz, incluyendo servicios de la Administración del Estado y de la Junta de Andalucía, Administraciones Locales y la Diputación de Cádiz, además de la Universidad de Cádiz y otros organismos locales como empresas municipales y proveedores de productos y servicios de la Administración Pública.
El objetivo principal del curso ha sido "motivar y formar en la toma en consideración de criterios éticos de Comercio Justo, en los procesos de contratación y compra pública", subrayando los beneficios de la Compra Pública Ética para el cambio en el modelo de desarrollo y el impulso a la sostenibilidad y la responsabilidad social del sector público andaluz.
La formación ha sido impartida por David Comet, graduado en Ciencia Política y de la Administración, Máster en Derechos Humanos y experto en compra pública social y ética.
La teniente de alcaldesa de inclusión social, igualdad y diversidad, familias y medio rural, Susana Sánchez Toro, y la delegada de participación ciudadana y juventud, Carmen Pina, han asistido al curso, reforzando el compromiso del Ayuntamiento de Jerez con la compra ética y el comercio justo.
Las autoridades han resaltado la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar la responsabilidad social y la sostenibilidad en las políticas de contratación pública, alineándose con los objetivos de la Agenda 2030.
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