Media docena de empresarios hosteleros han anunciado que impugnarán judicialmente los criterios establecidos este año por el Ayuntamiento de San Fernando para adjudicar las casetas de la Feria del Carmen y de la Sal en el Parque Almirante Laulhé. Este grupo considera que la decisión de dar prioridad a colectivos y entidades sin ánimo de lucro los discrimina y responde a intereses electoralistas.
Los hosteleros afectados subrayan que han estado comprometidos con la Feria y su dinamización, contribuyendo a crear empleo en San Fernando. "Sin duda, las entidades y colectivos deben estar presentes en el recinto ferial porque se lo merecen, muchos de ellos tienen una función social y son parte de la propia identidad de la fiesta, pero no al precio de eliminar de un plumazo a profesionales de la hostelería", indican los empresarios.
Los hosteleros recuerdan que apoyaron al Ayuntamiento cuando fue necesario llenar la Feria tras su traslado del recinto ferial de la Magdalena al Parque Almirante Laulhé. "Entonces fue el Ayuntamiento el que pidió nuestra colaboración para que la Feria en el Parque no luciese desangelada y sin casetas tras el cambio de espacio", explican.
El grupo critica que, tras el éxito del formato de Feria en el Parque Almirante Laulhé, el gobierno local haya cambiado de parecer y contradiga la Ordenanza de la Feria del Carmen y de la Sal. Consideran que la prioridad dada a las asociaciones sin ánimo de lucro se ha hecho "sin criterio justificador y de forma arbitraria".
Los empresarios señalan que esta decisión también afecta a los puestos de trabajo generados por la Feria, ya que se reemplaza a trabajadores contratados por voluntarios de las entidades sin ánimo de lucro. "El criterio no lo marca el interés social, lo marcan los intereses de este gobierno socialista", recalcan.
El grupo de hosteleros concluye que el gobierno local ha tomado decisiones que perjudican a los profesionales del sector de eventos y ocio nocturno, forzándolos a buscar oportunidades fuera de San Fernando. "Con sus decisiones, el gobierno socialista nos quita nuestros derechos y nos discrimina. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y no vamos a consentir ser un daño colateral de los intereses del gobierno local y por eso no nos queda otra que recurrir a la Justicia", finalizan.
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