El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera llevará al Pleno Ordinario de julio, que se celebra el martes 31 de julio, la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de los procedimientos administrativos de regularización de edificaciones existentes y del procedimiento administrativo de la declaración de situación de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), así como las correspondientes modificaciones de las Ordenanzas Fiscales Números 30 y 34.

La primera teniente de alcalde, Ana González, explicó en rueda de prensa que el objetivo es "mejorar la calidad de vida de las personas que tienen vivienda en el diseminado, ya que podrán acceder a los servicios básicos de luz, agua y alcantarillado, así como mejorar el medio ambiente". González añadió que "queremos dar solución a una realidad que existe en Chiclana y que es posible legalmente".

La nueva Ordenanza, que depende de la nueva Ley del Suelo (LISTA) y su Reglamento, reemplazará la aprobada en 2014 sobre los AFO, que se encuentra desfasada legislativamente. Ana González recalcó que "también se llevarán a cabo las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales 30 y 34, incluyendo ciertos aspectos para favorecer que la ciudadanía pueda acogerse a este procedimiento, tanto en precio como en fraccionamiento del pago de la declaración de AFO de las viviendas".

El delegado de Urbanismo, Rodolfo Pérez, indicó que una de las novedades es la adaptación de la normativa de AFO a la LISTA y su Reglamento. Pérez señaló que "aquellas edificaciones levantadas hace muchos años pueden asimilarse a las que tienen licencia, aunque no la tuviesen en su momento. En este caso, hablamos de viviendas ejecutadas, o bien antes de 1975 o bien antes de 1990". Para ello, el propietario debe presentar la correspondiente documentación y el Ayuntamiento certificar que esa edificación está asimilada a la licencia, permitiendo así su conexión a los servicios básicos.

Otra novedad es que el AFO no solo se otorgará para viviendas en suelo no urbanizable, sino también para aquellas en suelo rústico y urbano, abarcando la totalidad del territorio. Pérez subrayó que "el objetivo es mejorar las condiciones del medio ambiente y la calidad de vida de las personas que residen en el diseminado".

La Ordenanza también contempla la tramitación de oficio por parte del Ayuntamiento. Si el propietario no lleva a cabo la tramitación de AFO y el Ayuntamiento detecta que esa edificación puede conectarse a los servicios básicos, este último puede instarle a hacerlo. Si después de seis meses el propietario no actúa, será el Ayuntamiento el que se encargue de la tramitación, con un recargo del 20 por ciento al precio ordinario. Además, el coste de la edificación será el que hubiese tenido en el momento de la construcción, hasta como máximo el año 2010.

La delegada de Hacienda, Isabel Butrón, indicó que la aprobación de la nueva Ordenanza sobre los AFO implica la modificación de las Ordenanzas Fiscales Números 30 y 34, incluyendo cuestiones como la tramitación de oficio por parte del Ayuntamiento con un recargo del 20 por ciento. Además, se ofrecerá el fraccionamiento del pago hasta un máximo de 96 meses para deudas de al menos 3.000 euros, con plazos máximos establecidos según la cantidad a pagar para asegurar importes mensuales similares.

 


 

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