Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de reposición y alegaciones ante el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María contra la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Sector PP-CN4 Rancho Linares, otorgada por la Junta de Gobierno Local. La organización ambientalista denuncia que el expediente del proyecto está plagado de irregularidades y considera que su aprobación favorece injustamente a una empresa privada.
El proyecto en cuestión, que prevé la construcción de 1.200 viviendas en el bosque con mayor biodiversidad del municipio, ha sido objeto de crítica por parte de Ecologistas en Acción, quienes afirman que la decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Puerto, liderado por el Partido Popular (PP), muestra un claro "desprecio" por los valores ambientales de la zona.
El origen del proyecto se remonta a 2008, cuando comenzó la tramitación de una Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Puerto de Santa María, vigente desde 1992. Esta modificación recalificó el terreno, pasando de ser un suelo forestal destinado a parque público (SGEL), según lo establecido por el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC), a suelo residencial.
Según Ecologistas en Acción, el proyecto no fue sometido a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), incumpliendo así la Directiva Europea 2001/42/CE y la Ley 9/2006 de evaluación de planes y programas. La organización recuerda que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como el Tribunal Supremo (TS) han anulado numerosos planes por razones similares, estableciendo el principio de no regresión en materia medioambiental, el cual prohíbe desproteger suelos que aún conservan sus valores ambientales.
El recurso también argumenta que el proyecto no ha considerado otras alternativas viables para la construcción de viviendas, como las que se podrían desarrollar en las zonas de La Florida, Las Marías o junto al centro comercial El Paseo, donde ya se han planificado miles de viviendas, muchas de ellas de protección oficial (VPO).
Además, Ecologistas en Acción señala que la urbanización del Rancho Linares tendría graves impactos ambientales, incluyendo el desmonte de una dehesa de acebuches y parte de un pinar que alberga más de 200 especies de plantas, además de ser hábitat de especies protegidas como el camaleón y la araña Macrothele calpeiana, la mayor del continente.
El acuerdo de la Junta de Gobierno Local se basa en dos informes favorables, uno técnico y otro jurídico, que según Ecologistas en Acción, presentan "graves deficiencias y omisiones". En particular, critican que ambos informes omiten que el proceso de Modificación del PGOU se aprobó sin la preceptiva EAE y que los terrenos están protegidos por el POTBC.
Finalmente, Ecologistas en Acción ha solicitado al Ayuntamiento la revisión de oficio del acuerdo de aprobación definitiva del proyecto, la suspensión de cualquier concesión de licencias de obra, y la integración de la totalidad del Rancho Linares en la red de SGEL del nuevo PGOU en tramitación. Además, advierten que, de persistir el Ayuntamiento en este proyecto, presentarán un recurso contencioso-administrativo y estudiarán acciones legales en el ámbito penal por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.
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