El Ayuntamiento de Alcalá del Valle, en la provincia de Cádiz, se enfrenta a una serie de críticas por la gestión del alcalde, quien ha sido acusado de iniciar una "cruzada contra las trabajadoras con enfermedad". Estas acusaciones surgen en un contexto de persistentes incumplimientos del Convenio Colectivo, la negativa a establecer la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la perpetuación de condiciones laborales y económicas dispares entre el personal laboral del consistorio.
Según la Confederación General del Trabajo (CGT), que cuenta con siete de los nueve miembros del comité de empresa, el alcalde "simulaba llantos en las televisiones durante la pandemia por la situación en la residencia municipal", pero ahora muestra "su verdadera cara" frente a las trabajadoras de la Residencia de Ancianos, del Servicio de Atención domiciliaria y el resto del personal laboral del Ayuntamiento.
El conflicto ha escalado al punto de que, "a punto de finalizar la vigencia del convenio colectivo", la CGT ha acudido al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) para proteger a la plantilla y evitar que prescriban las cuantías que el Ayuntamiento adeuda a sus trabajadores. Además, CGT ha reclamado el cumplimiento del artículo 14 del convenio en cuanto a la reducción de jornada de verano y semana de feria, y ha exigido la negociación de la RPT, que el alcalde se niega a abordar.
Las dos reuniones mantenidas en el SERCLA concluyeron sin acuerdo, lo que, según CGT, demuestra que "la plantilla del Ayuntamiento es lo que menos importa al regidor". Esta situación se agrava por la reciente conversión de más de 50 trabajadores municipales en personal indefinido no fijo por parte del Juzgado de lo Social, tras detectar que se encontraban en fraude de ley.
Además, la Inspección de Trabajo de Cádiz ha emitido una resolución que obliga al Ayuntamiento de Alcalá del Valle a liquidar cuotas a la Seguridad Social por un valor de 177.281,37 euros, derivadas de diferencias salariales y de cotización de parte de la plantilla. A pesar de estos avances judiciales, CGT denuncia que "la lentitud de la justicia está siendo una aliada del alcalde antiobrero, que ahora además se dedica a perseguir personas enfermas".
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