Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Pablo de Buceite, en la comarca del Campo de Gibraltar, a tres miembros de un clan familiar de origen marroquí como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal. La investigación, llevada a cabo por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) y remitida al Juzgado de Instrucción número 2 de San Roque, ha destapado un fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social que asciende a más de 200.000 euros.
Las pesquisas comenzaron en mayo, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de que una empresa de mantenimiento y desbroce que operaba en varias carreteras de la comarca empleaba a personas en situación irregular. A partir de este indicio, se inició una investigación que concluyó con la detención de tres miembros del clan familiar: dos hermanos y la hija mayor de edad de uno de ellos.
Durante el proceso de investigación, se realizó un exhaustivo análisis de la documentación incautada en un domicilio de San Pablo de Buceite, autorizado por el Juzgado de Instrucción 2 de San Roque. Además, se llevaron a cabo las correspondientes indagaciones en la Tesorería General de la Seguridad Social para detectar posibles contrataciones laborales fraudulentas, lo que reveló un fraude que supera los 200.000 euros.
El clan familiar detenido utilizaba un modus operandi consistente en la creación de empresas dedicadas a la silvicultura y otras actividades forestales, con las cuales contraían progresivamente una deuda con la Seguridad Social. Una vez que la deuda alcanzaba una cantidad elevada, cesaban la actividad de la empresa y creaban una nueva, traspasando a esta los trabajadores y continuando el ciclo de endeudamiento.
La primera empresa identificada contrajo una deuda de casi 175.000 euros, actualmente no saldada. Otra empresa, creada en 2023 por una de las investigadas, sigue activa con una deuda actual que supera los 30.000 euros.
Durante la investigación, se comprobó que todos los trabajadores irregulares empleados por el grupo criminal eran solicitantes de protección internacional en España cuya solicitud había sido denegada, lo que les impedía legalmente trabajar en el país. Este hecho fue eludido por los responsables, contraviniendo el artículo 36.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que exige la posesión de una autorización de residencia y trabajo.
Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, que busca combatir este tipo de delitos a través de la colaboración ciudadana, mediante la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
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