El curso escolar en la provincia de Cádiz ha comenzado con las mismas dificultades que en años anteriores, según denuncia el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix. A pesar de los cambios en la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, los problemas persisten. Ruiz Boix ha expresado su temor de que la nueva consejera, que ya ocupó el cargo de viceconsejera en el anterior gobierno de Moreno Bonilla, "siga atentando contra el modelo público y ponga la Educación al servicio de intereses privados".
Las familias de la provincia de Cádiz deberán afrontar un aumento en el gasto para la vuelta al colegio, que se calcula en una media de 300 euros, lo que representa un incremento del 25 % respecto a 2023. Además, las tasas del comedor han subido un 11 % por cuarto año consecutivo.
Ruiz Boix ha acusado al gobierno de Moreno Bonilla de "seguir mintiendo a las familias" al no cumplir sus compromisos con el primer ciclo de educación infantil, recordando que "dijeron que la educación de 0 a 3 años sería gratuita y universal y no es así". Señaló que en 300 pueblos pequeños de Andalucía, las familias no podrán ejercer su derecho a la conciliación porque "Moreno Bonilla decidió devolver 119 millones de euros de los fondos europeos en lugar de crear plazas públicas".
Además, ha destacado que "cuando la nueva consejera de educación era viceconsejera en la anterior legislatura, el Gobierno de Moreno Bonilla desvió 5 millones de euros asignados al primer ciclo de educación infantil para la remodelación del Estadio de la Cartuja".
El PSOE de Cádiz denuncia también que el inicio de curso escolar en la provincia comienza con el cierre de colegios públicos como el CEIP Adolfo de Castro en Cádiz y la escuela infantil El Vaporcito de El Puerto de Santa María. Asimismo, según Ruiz Boix, "hay 2.500 clases públicas menos y con las ratios de nuevo desbordadas", y que desde el grupo parlamentario socialista "han registrado multitud de iniciativas para que bajen la ratio en vez de desangrar más la pública", todas rechazadas por el PP mientras "la privada sigue creciendo y aumenta un 22 % el gasto del gobierno del PP en la concertada".
Ruiz Boix también ha alertado sobre "la grave falta de recursos para el alumnado con necesidades especiales", denunciando "una oferta de plazas claramente insuficiente que provoca que los profesionales de la atención a la diversidad sean compartidos en varios centros educativos", y la ausencia de "un protocolo de alergias alimentarias o del compromiso de dotar a los centros educativos de enfermeras escolares".
Finalmente, cuestiona la implementación del programa de bienestar emocional y denuncia "un recorte de 210 orientadores", señalando que "todo un despropósito cuyas consecuencias de nuevo pagarán las familias y el alumnado con necesidades especiales en esta provincia".
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