La colocación de la primera piedra del 'Edificio Francisco Aragón Olmo', una promoción de 47 viviendas asequibles en Chiclana de la Frontera, marca el inicio de un proyecto financiado por el Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Este acto ha contado con la participación de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el alcalde del municipio, José María Román; la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz; y la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca del Pilar Flores.
Durante el evento, Isabel Rodríguez anunció que el próximo 3 de octubre se celebrará la conferencia sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, donde se continuará trabajando en el próximo Plan Estatal de Vivienda y en la siguiente convocatoria del Bono Alquiler Joven. Según la ministra, esta convocatoria servirá para marcar los "próximos hitos de futuro" en materia de vivienda. Rodríguez destacó la necesidad de "dar respuesta a esa necesaria lealtad que clama la constitución española, donde el Estado participa en el diseño de las políticas públicas de vivienda en nuestro país y de buen modo las está financiando en el conjunto de las comunidades autónomas", resaltando que la financiación por parte del Estado en estas políticas alcanza "el entorno del 70%".
El proyecto 'Francisco Aragón Olmo' contempla la construcción de 47 viviendas protegidas en arrendamiento especial, con superficies útiles entre 45 y 66 metros cuadrados, destinadas al arrendamiento social por un plazo de 50 años. De estas viviendas, 26 tendrán tres dormitorios, 18 contarán con dos dormitorios y tres dispondrán de un dormitorio. El edificio incluirá 58 plazas de aparcamiento y diez trasteros.
Las obras forman parte del Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del PRTR, por el que el Gobierno financia el 34,22% de la actuación, con un presupuesto de 1.819.405 euros. El plazo de ejecución previsto es de 20 meses, con finalización estimada en marzo de 2026.
El proyecto tiene un carácter social, destinado a unidades familiares cuyos titulares sean mayores de 35 años con cargas familiares o menores de 35 años con cargas familiares. Además, se prevén dos viviendas de un dormitorio para personas con movilidad reducida y una vivienda de un dormitorio para una persona mayor de 65 años sin cargas familiares. Las familias arrendatarias no podrán tener ingresos superiores a tres veces el IPREM ni poseer otra vivienda en propiedad o en usufructo, y deberán destinar la vivienda alquilada a domicilio habitual y permanente.
Este programa de construcción de viviendas en alquiler asequible, impulsado por el Gobierno de España, busca incrementar el parque público de viviendas destinadas al alquiler social o a precio asequible mediante promociones de obra nueva sobre terrenos de titularidad pública. Las viviendas formarán parte del parque público durante al menos 50 años, con un consumo de energía primaria no renovable inferior en un 20% a los requisitos del Código Técnico de Edificación. Las obras deben concluir antes del 30 de junio de 2026.
En cuanto a la financiación del Gobierno en la comunidad autónoma de Andalucía, se han transferido más de 1.208,47 millones de euros para políticas públicas de vivienda, destacando los más de 493,8 millones del PRTR, 68,4 millones para el Bono Alquiler Joven, 172,96 millones del Programa PIREP y más de 120 millones a través del Programa 2% Cultural. Además, se han comprometido más de 493,5 millones mediante los Planes Estatales de Vivienda 2018-2021 y 2022-2025. Con estas inversiones, se ha impulsado la construcción de 11.292 viviendas y la rehabilitación de más de 30.574 en Andalucía.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, puso en valor el trabajo del alcalde de Chiclana de la Frontera, José María Román, destacando su esfuerzo por "propiciar y garantizar el acceso a la vivienda", en cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española, señalando que el Gobierno de España, junto con otras administraciones, está "siendo los primeros de la clase en responsabilidad, en compromiso y en financiación".
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