El Partido Popular de Cádiz ha advertido sobre el incremento de la criminalidad en la provincia desde 2018, coincidiendo con el Gobierno de Pedro Sánchez. Según los datos presentados por la diputada nacional Macarena Lorente, las infracciones penales han aumentado un 15,42% en Cádiz y un 20% a nivel nacional.
Lorente ha expresado su preocupación por lo que considera "un desastre en la gestión del Gobierno, que no atiende lo que realmente preocupa a los ciudadanos como es la seguridad". Según ha afirmado, "nuestro país es ahora más inseguro", refiriéndose al aumento continuado de la criminalidad, que ha alcanzado en el primer semestre de 2024 una tasa de 51,7 infracciones penales por cada 1.000 habitantes.
La diputada también ha destacado el incremento en los casos de violencia de género en la provincia de Cádiz, que han aumentado un 59% desde 2018, según datos del Sistema de Seguimiento Integral en casos de Violencia de Género (Viogen). Lorente ha señalado que, frente a los 29.424 casos registrados en la provincia, las unidades UFAM de la Policía Nacional y EMUME de la Guardia Civil disponen solo de 131 agentes (90 de la Policía Nacional y 41 de la Guardia Civil), lo que implica que cada agente debe atender a más de 500 víctimas durante su turno de trabajo.
Lorente ha cuestionado la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusándolo de mirar "hacia otro lado" en temas relacionados con la seguridad en la provincia, incluyendo la lucha contra el narcotráfico y la violencia de género.
En cuanto al personal de seguridad, ha indicado que las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil no se han actualizado en 20 años, y que actualmente faltan casi medio millar de agentes para completar los puestos asignados en comisarías y cuarteles. En concreto, a junio de 2024, se encontraban vacantes 175 plazas en la Policía Nacional y 206 en la Guardia Civil, además de un centenar de agentes que están de baja o en comisión de servicio.
Finalmente, ha criticado que "no se están proporcionando los medios materiales necesarios" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir la delincuencia. Asimismo, ha denunciado que el Gobierno ha rechazado en nueve ocasiones la declaración de la provincia de Cádiz como "zona de especial singularidad", lo que permitiría adoptar medidas urgentes en situaciones concretas.
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