Izquierda Unida en la Diputación de Cádiz presentará una proposición en el Pleno ordinario de la institución para reclamar a la Junta de Andalucía la apertura inmediata de Centros de Crisis 24 horas para la atención a Víctimas de Violencia Sexual en todas las provincias andaluzas. La formación explica que estos centros están contemplados en la Ley de Libertad Sexual de 2022, que obliga a cada provincia y ciudad autónoma a contar con uno de estos centros.
El diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, destacó que el plazo original de seis meses establecido en la ley fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2023, aunque señaló que “en otras comunidades autónomas estos centros han empezado a funcionar, en Andalucía no hay actualmente ninguno operativo”. Además, IU denuncia que Andalucía ha recibido hasta la fecha 12,3 millones de euros del Gobierno central para este fin sin haber destinado ningún recurso a estos centros.
Izquierda Unida recuerda que el artículo 35 de la Ley de Libertad Sexual establece que estos centros deben ofrecer “servicios de atención psicológica, jurídica y social” y que, además, bajo criterios de urgencia y atención continua, brindarán “apoyo y asistencia en situaciones de crisis para las víctimas y sus familias y personas del entorno”, incluyendo el “acompañamiento e información telefónica y presencial las 24 horas del día todos los días del año”.
IU respalda su solicitud con datos del 'Informe sobre delitos contra la libertad sexual en España 2023', elaborado por el Ministerio del Interior, que indica que Andalucía fue la segunda comunidad autónoma con más delitos de este tipo, alcanzando los 3.473 casos, solo por detrás de Cataluña. En la provincia de Cádiz se reportaron 483 casos de víctimas de violencia sexual en 2023. Asimismo, el Instituto Andaluz de la Mujer atendió a 660 víctimas de violencia sexual en el mismo año.
Complementariamente, Izquierda Unida presentará una segunda moción en el Pleno, en la que insta al Gobierno de España a revisar la denegación de asilo a activistas saharauis retenidos en el aeropuerto de Madrid-Barajas, solicitando que se garantice una evaluación justa y transparente de sus solicitudes. En esta moción, IU pide que se tomen “las medidas necesarias para asegurar que se respeten los derechos humanos de los solicitantes de asilo saharauis, especialmente aquellos que alegan persecución política y/o tortura” y que “mientras se adoptan estas medidas, no se proceda a su devolución a Marruecos, asegurando su estancia en España en condiciones de salubridad adecuada, digna y sin malos tratos”.
Izquierda Unida expone que el Ministerio del Interior ha rechazado la entrada de varios activistas en situaciones de vulnerabilidad, como Ali Hammou, activista sordomudo en tratamiento de cáncer, y Mohamed Ali Slimani, junto a su familia. También se denunció el caso de Mohamed Bachir, a quien se asignó un intérprete marroquí que no hablaba el dialecto correcto, lo que, según IU, violó su derecho a una representación justa.
El diputado provincial Ramón Galán manifestó que “alrededor de 30 activistas saharauis han iniciado una huelga de hambre en el aeropuerto de Madrid-Barajas tras la negativa del Ministerio del Interior a concederles asilo”. Según Galán, estos activistas alegan ser perseguidos políticos y temen por su seguridad si son devueltos a Marruecos. Además, se denuncia que están retenidos en condiciones insalubres y solicitan que sus peticiones de asilo sean evaluadas de manera individual, ya que consideran que han sido rechazadas de forma generalizada. Activistas y familiares también han realizado protestas frente a la sede del Ministerio del Interior para exigir justicia.
Galán agregó que, desde 1975, Marruecos incumple el derecho internacional con la ocupación del Sáhara Occidental, y señaló que “España tiene responsabilidades jurídicas y políticas en tanto en cuanto es potencia descolonizadora”, lo cual, según IU, obliga al Gobierno español a actuar frente a las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental.
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