El Grupo Popular ha solicitado la comparecencia de Belén Gualda, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ante el Congreso de los Diputados. El objetivo de esta solicitud es que Gualda explique la situación laboral que atraviesan los trabajadores de la empresa pública Navantia, la actualización del convenio colectivo y la estrategia de inversiones de la compañía a corto, medio y largo plazo. Además, se pide información sobre la carga de trabajo y la exposición de las cuentas de la empresa del año 2023.
La solicitud llega después de varias reuniones que el Partido Popular ha mantenido en las últimas semanas con el comité intercentros de Navantia y representantes de la industria auxiliar en la Bahía de Cádiz. En este contexto, el diputado nacional Ignacio Romaní ha instado al Gobierno a incluir en su agenda industrial las "necesidades de nuestros astilleros". Según Romaní, "el sector no puede vivir sólo de anuncios y expectativas de futuro, hay que comprometerse con el día a día de nuestros astilleros, dar respuesta a las demandas actuales y, sobre todo, apostar como prioridad por la competitividad de todos los centros de Navantia".
Romaní ha expresado el apoyo del PP a las reivindicaciones de los trabajadores, lamentando que "cada vez es mayor la inquietud y malestar en los centros por la falta de respuestas de la compañía", lo que está generando movilizaciones y protestas en los astilleros.
El diputado popular también ha denunciado que Navantia atraviesa una situación excepcional al no contar con un convenio colectivo actualizado ni un plan estratégico vigente, lo que afecta al futuro del astillero y la carga de trabajo. "Una situación excepcional que requiere medidas excepcionales e inmediatas y por este motivo hemos solicitado la comparecencia de la presidenta de la SEPI", afirmó Romaní.
El Partido Popular considera que la competitividad del astillero depende de decisiones clave en el ámbito laboral, como la negociación de un nuevo convenio colectivo que lleva sin renovarse desde diciembre de 2021. Entre las demandas destacadas, se incluyen cuestiones sobre la masa salarial y el contrato relevo. Romaní también ha criticado el "incumplimiento de las inversiones vinculadas con el Plan Estratégico 2018-2022", así como la falta de un plan presupuestario que permita atender las necesidades de la plantilla y las contrataciones comprometidas.
El Comité de Seguimiento del plan industrial anterior, que solo se reunió una vez, tampoco ha sido convocado desde la finalización del mismo, lo que ha impedido evaluar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos marcados para cada centro de trabajo. Ante esta situación, el PP ha presentado una pregunta al Gobierno para que informe si ha realizado algún estudio de balance del Plan Industrial y facilite los resultados.
Romaní ha subrayado que el nuevo Plan Estratégico de Navantia debe enfocarse en la apertura de nuevos mercados y en convertir a los astilleros en un polo de atracción para el talento y la innovación en la construcción naval, mejorando las inversiones y las instalaciones. Según el diputado, es necesario ampliar la actividad de las plantas, en lugar de limitar la capacidad de producción, especialmente en la planta de Puerto Real, donde los trabajadores han alertado de que las opciones de construcción naval están siendo reducidas a favor de la industria offshore.
El diputado ha rechazado la política de "segregación de centros" que, en su opinión, ya está siendo aplicada por la compañía. En relación con Puerto Real, Romaní afirmó que este astillero tiene "capacidad, tecnología y medios suficientes" para optar a una mayor oferta de contratos tanto en la construcción offshore como en la construcción de barcos civiles y militares, en cuyo mercado Navantia tiene "cada vez menos peso".
Finalmente, Romaní ha preguntado al Gobierno sobre la falta de un departamento comercial dentro de la estructura de Navantia orientado al mercado civil y sobre las ofertas que la compañía ha presentado en este sector en los últimos años.
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