Una concentración en Sanlúcar de Barrameda ha reunido a representantes y ciudadanos en demanda de una mayor financiación para los centros y servicios destinados a personas con discapacidad. La protesta se ha realizado frente a la Residencia de Gravemente Afectados 'Virgen de la Caridad', en la zona de Cabo Noval, siendo parte de un calendario de movilizaciones organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) Andalucía.
Estas acciones, impulsadas por la entidad Afanas Sanlúcar-Chipiona-Rota-Trebujena, buscan llamar la atención sobre la situación crítica en la que se encuentran los centros de atención a personas con discapacidad en Sanlúcar y en la Costa Noroeste. La movilización exige una mejora en la financiación que permita mantener un servicio adecuado para más de medio millón de personas con discapacidad en Andalucía.
La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha estado presente en la concentración, acompañada por el primer teniente de alcaldesa, Víctor Mora; la segunda teniente de alcaldesa y responsable del Área de Servicios Sociales, Nuria Prado; la delegada de Discapacidad, Matilde Cabello, y otros miembros del gobierno municipal. Carmen Álvarez ha manifestado su apoyo a la causa, subrayando la necesidad de "una financiación justa y sostenible para estas entidades que prestan servicios esenciales a las personas con discapacidad, como es el caso de Afanas". Además, advirtió que "la situación actual es insostenible" y que existe "un serio riesgo de colapso en estas organizaciones que son vitales para las personas con discapacidad y sus familias".
Cermi Andalucía ha destacado que la falta de financiación adecuada, sumada a tarifas desfasadas que no cubren el coste real de los servicios, amenaza la continuidad de los centros. Por esta razón, la entidad reclama a la Junta de Andalucía un nuevo modelo de financiación que contemple la actualización automática y permanente del coste de los servicios en base al Índice de Precios al Consumo (IPC), así como el incremento en los convenios colectivos de los profesionales que trabajan en estos centros.
Además, Cermi Andalucía solicita al Gobierno central la creación de un pacto de Estado que garantice la viabilidad del sistema de atención a la discapacidad, asegurando que todas las personas tengan iguales derechos sin importar su lugar de residencia. Para ello, proponen incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, proporcionada por la Administración General del Estado (AGE), en función del número de personas dependientes que reciban una prestación efectiva, con el objetivo de alcanzar progresivamente el 50% de financiación compartida por cada administración.
Carmen Álvarez ha reiterado su respaldo a las demandas de Afanas y Cermi Andalucía, señalando que "lo que reivindicamos es de justicia: que un servicio que debería prestar la administración por ley esté al menos financiado según lo que vale y no lo que pueda gastar el gobierno de turno".
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