El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha informado hoy a los alcaldes de Jerez de la Frontera, Vejer de la Frontera y Alcalá de los Gazules, en la provincia de Cádiz, sobre el refuerzo de funcionarios del Estado que se destinarán a estos municipios para apoyar en la tramitación de solicitudes de ayuda por los daños causados por la reciente DANA. Durante su visita a la zona, Fernández ha explicado que estos municipios han sido incluidos en la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil, aprobada el 5 de noviembre de 2024 y publicada el día 7 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo cual permite a los afectados empezar a solicitar las ayudas.

El delegado ha señalado que “ya pueden solicitar las ayudas” y ha asegurado que el Estado proporcionará “apoyo y asesoramiento” a través de funcionarios que se desplazarán a las zonas afectadas para garantizar que todas las personas afectadas puedan presentar sus solicitudes “en tiempo y forma”. Fernández también ha indicado que, en esta ocasión, los plazos para las solicitudes han sido ampliados y que una comisión interministerial está habilitada para implementar nuevas líneas de ayuda si fuera necesario.

Durante su recorrido por los municipios, acompañado por la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, y los alcaldes María José García-Pelayo de Jerez, Antonio González de Vejer y Javier Pizarro de Alcalá de los Gazules, Fernández ha constatado personalmente los daños sufridos en caminos rurales, carreteras e infraestructuras municipales debido a las fuertes lluvias.

La declaración de Zona Gravemente Afectada por Emergencia de Protección Civil, que abarca toda Andalucía y contempla los daños registrados entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, permite a los municipios de la comunidad solicitar varias ayudas para afrontar los daños personales y materiales, tanto en viviendas y enseres como en infraestructuras municipales, establecimientos comerciales e industriales. Estas ayudas se otorgan bajo el régimen del Real Decreto 307/20005, de 18 de marzo, y contemplan la subvención de hasta el 50 % del coste de las obras que las entidades locales deban ejecutar para la reparación de infraestructuras, instalaciones y servicios.

Además, el decreto faculta a los ministerios a declarar zonas de actuación especial y autoriza la tramitación urgente de obras para la reparación de infraestructuras estatales afectadas, lo que facilitará la rapidez en las acciones. También se permite que las administraciones, junto con el Consorcio de Compensación de Seguros, gestionen y transmitan los datos personales de los afectados para la agilización de las ayudas.

En cuanto a las infraestructuras dañadas, se habilita la posibilidad de expropiar de forma urgente los bienes afectados para las reparaciones. Se ha creado un Portal Registral de Emergencias para coordinar las acciones de los letrados de la Administración de Justicia en los órganos judiciales de la zona, y se ha permitido a las administraciones locales destinar su superávit a financiar las reparaciones necesarias, consideradas como inversiones financieramente sostenibles.

La comisión interministerial creada para coordinar estas ayudas está presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, e incluye representantes de los ministerios de Interior, Hacienda, Trabajo y Economía Social, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Defensa, Transportes y Movilidad Sostenible, Ciencia e Innovación, Economía, Vivienda, Inclusión, Agricultura, Sanidad y Derechos Sociales. TRAGSATEC, MERCASA y la AECID se suman a esta labor mediante la valoración y cuantificación de daños, el apoyo logístico y la distribución alimentaria, así como la disposición de material de emergencia y ayuda humanitaria.

 


 

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