Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han rechazado categóricamente la creación de un organismo autónomo para la gestión de los servicios sociales, propuesta por el Gobierno de la Diputación provincial de Cádiz (integrado por el PP y La Línea 100x100). La protesta, que incluyó una asamblea frente a la sede de la Diputación y una manifestación durante un pleno ordinario, busca frenar el avance de esta medida que podría impactar negativamente en la calidad asistencial y las condiciones laborales del sector.
La plantilla estructural de los servicios sociales, compuesta por unas 450 personas, junto con personal interino y contratado, sería afectada por un modelo que, según los sindicatos, busca un "supuesto ahorro" a costa de reducir costes. Este cambio, de acuerdo con las tres secciones sindicales, podría ser el primer paso hacia la externalización y privatización de servicios esenciales, como las residencias de mayores, donde las nuevas contrataciones estarían bajo un convenio similar al del sector privado.
"Esta maniobra menguaría la calidad y atención de nuestros mayores, lo que nos parece lo más preocupante de esta iniciativa", señalaron los representantes sindicales. Además, advirtieron que esta medida podría replicarse en otras áreas de la Diputación, como ya se intentó sin éxito hace años con el servicio de Recaudación provincial, gracias a la intervención de los sindicatos.
Las protestas, programadas para realizarse cada miércoles frente a la sede provincial, reflejan la incertidumbre generada por la falta de información sobre este plan. Los sindicatos destacaron que "los usuarios de estos servicios son población sensible", y que cualquier reducción en la calidad asistencial afectaría directamente a los más vulnerables.
Las organizaciones sindicales exigen mantener la gestión directa por parte de la Diputación, defendiendo el modelo actual como el más adecuado para garantizar tanto los derechos laborales de los trabajadores como la calidad de los servicios.
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